En México reina la impunidad porque fiscales y jueces suelen viajar en el último vagón del proceso judicial. El caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, confirma el desastre y el desaseo.
Las acusaciones, los alegatos, las pruebas, la evidencia, los testimonios, las sentencias y hasta la absolución son piezas de un litigio que está ocurriendo en la opinión pública, mucho antes de que la persona imputada celebre su primera declaración ministerial.
Otro plato que se cocina se sirve y se cena antes de que los responsables de administrar e impartir justicia hayan siquiera sido convocados al comedor.
La política y sus intereses dominan sobre todo lo demás, por eso la Fiscalía General de la República (FGR) perdió el control del proceso, previo a que éste diera comienzo.
De acuerdo con el Ministerio Público no se ha firmado todavía el acuerdo de colaboración que le entregaría beneficios a Lozoya a cambio de información relativa a los actos corruptos en los que estuvo involucrado. Y, sin embargo, esa precisa información ya ha sido divulgada masivamente.
Este juego sucio es frecuente en las instituciones mexicanas y Lozoya lo conoce, pero no es el único actor con ganas de descarrilar las cosas. Sorprende que también la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya compartido con la prensa información relevante, en vez de entregársela al Fiscal.
Esta forma de actuar hace que uno de los procesos más relevantes en la historia de la corrupción mexicana exhiba vicios de origen. Al manipular, desde la opinión pública, se producen sesgos y se imponen límites sobre la actuación del Ministerio Público y también de los jueces.
Se vulnera el secreto del sumario, que es un principio esencial en los procesos penales. Al iluminar de manera sesgada el caso, las imputaciones se fragilizan antes de que los imputados se sienten en el banquillo de los acusados.
En estas mismas páginas, mi colega Mario Maldonado (17 julio 2020) narró la estrategia seguida por los abogados de Emilio Lozoya, quienes, contrariando la ley, se encargaron de divulgar las supuestas declaraciones que el exfuncionario mexicano hizo ante las autoridades españolas.
A partir de esta información proporcionada a los medios de comunicación, Lozoya aparece como un eslabón más de una inmensa cadena de corrupción en la que estarían involucrados, al menos, dos expresidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
La trampa es para la FGR: ahora, en vez de proceder contra Lozoya y su entorno inmediato, la presión de la opinión pública multiplica su magnitud para que el Ministerio Público emprenda un maxiproceso que difícilmente dará satisfacción frente a los ánimos encendidos del Coliseo.
Todavía más irresponsable es la UIF cuando, con sus filtraciones, se suma al linchamiento y el espectáculo.
Se esperaría que esa dependencia del gobierno federal contribuyera al rigor jurídico que merece este proceso, en vez de arrojar basura y artificio sobre un asunto tan trascendente.
La impunidad en México no será derrotada hasta que las únicas autoridades facultadas por la Constitución para perseguir y sancionar delitos gobiernen todos los tramos del proceso judicial; es decir, cuando la FGR y los Tribunales conduzcan la locomotora en vez de viajar de polizones en el último compartimento del ferrocarril.
El secreto de sumario implica que las diligencias practicadas en el proceso solo pueden ser conocidas por las partes que se encuentran vinculadas directamente a la causa. Quien divulgó información relativa a las declaraciones rendidas por Emilio Lozoya en España violó el secreto del sumario y tendría que enfrentar a la justicia española, y también a la mexicana.
www.ricardoraphael.com
@ricardomraphael