La dupla empresarial de Miguel Alemán Magnani y Carlos Cabal Peniche huele a pólvora. El primero representa a la tercera generación de una dinastía de políticos y hombres de negocios que se juega su nombre tras asociarse con el banquero preferido de Carlos Salinas de Gortari, quien reapareció en el gobierno de su paisano Andrés Manuel López Obrador sin que este se opusiera, aunque tampoco lo ve con buenos ojos.

Ese es el peso que el presidente de Interjet y Grupo Galem debe llevar sobre sus hombros cada día: la herencia de una familia que participó en la construcción política y empresarial del país, y que a pesar de contar con la simpatía del gobierno de la 4T, cada vez tiene menos influencia en sus propias compañías, todo como resultado de malas decisiones.

El de Interjet es el caso más emblemático de la batalla que Alemán Magnani libra cada día para defender el orgullo familiar, para demostrar que tiene las dimensiones de sus antecesores y para mantener el control de la empresa que considera su creación, “su juguete más preciado”.

Sin embargo, las riendas de la compañía ya no están completamente en sus manos. El arribo de Carlos Cabal Peniche y Alejandro Del Valle al grupo de accionistas diluyó las líneas de mando, además de que la estrategia de rescate de la aerolínea amenaza con acotar todavía más el poder de decisión del Grupo Alemán.

La ‘jugada maestra’ de estos empresarios es fusionar a Interjet con Aeromar, propiedad de la familia Katz, y trasladar en el corto plazo activos de las emproblemadas aerolíneas a una nueva razón social, así como concretar acuerdos laborales con pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra que pasarían a formar parte de una nueva firma denominada Zenith Aero.

El polémico abogado Ángel Junquera, también involucrado en la trama Cruz Azul, fue uno de los arquitectos de esta estrategia, que en palabras simples consiste en colocar la operación aeronáutica en una nueva firma financieramente sana, para dejar morir a Interjet con todas sus deudas, algo muy cercano a lo sucedido hace una década con Mexicana de Aviación.

La estrategia no ha sido bien recibida en Palacio Nacional, especialmente porque entre los pasivos que mantiene Interjet hay unos 5 mil millones de pesos que se adeudan al SAT, de Raquel Buenrostro, y alrededor de 280 millones de euros de pagos pendientes a la rusa Sukhoi Civil Aircraft, una compañía entre cuyos accionistas se encuentra Vladimir Putin.

Aunque no lo parezca, por la poca tolerancia que se ve en la 4T para aceptar el periodismo crítico, tampoco es del agrado del primer círculo presidencial la manera en que Alemán y sus nuevos socios pretenden apoderarse de la línea editorial de Radiópolis a través de asambleas para designar a directivos que, en el futuro, no lograrán sostenerse legalmente.

El caso es por demás explosivo, porque en el grupo español Prisa —dueño del otro 50% de Radiópolis— también convergen los hermanos Alcántara, de VivaAerobús y IAMSA —que además compiten con Interjet—; Carlos Fernández, ex directivo de Grupo Modelo y casado con Lucrecia Aramburuzabala, y Ana Botín, presidenta de Banco Santander y amiga de AMLO.

El escenario pone en entredicho incluso la cercanía que la dupla Cabal Peniche y Alejandro Del Valle tiene con el gobierno, pues es claro que las decisiones que guían los destinos de Interjet y del Corporativo Coral en Radiópolis no vienen precisamente de la familia Alemán, sino de quien fuera el banquero predilecto de Carlos Salinas y del operador de campañas del mexiquense Arturo Montiel.

Se dice incluso entre los hombres de negocios que los 150 millones de dólares anunciados para Interjet son un capital ficticio y que, con sólo una inversión de mil millones de pesos, Cabal y Del Valle lograron apoderarse de un legado empresarial de más de 70 años.

A ver cómo acaba una de las relaciones empresariales más improbables... y potencialmente explosivas.

IMSS, juez y parte


En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Pablo Villa habría sido juez y parte a la hora de cumplir con sus labores como Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica. Todo comenzó el pasado 21 de agosto, cuando mediante el oficio 0953846129AO/1378 le solicitó a Jairo Orlando Perilla Camello, titular del Órgano Interno de Control (OIC), que hiciera lo posible para iniciar un nuevo procedimiento de conciliación con Distribuidora Química y Hospitalaria para que formalice el contrato correspondiente a las seis partidas que le tocaron del Servicio de Banco de Sangre 2020-2023.

De acuerdo con un documento en poder de esta columna, la compañía no concretó el trámite y, para colmo, no se presentó a la fecha de conciliación que le asignó previamente el OIC; sin embargo, el funcionario intercedió por ella para que fuera recibida en las oficinas de Perilla Camello, encuentro en el que se acordó darle hasta el 8 de octubre para que comience a prestar el servicio que debía estar listo desde el pasado 25 de agosto. Después del veredicto, Villa Barragán firmó el oficio 0953846129AO-1473 para informar de la prórroga al representante legal de la empresa, Jorge Alberto Lojero, con fecha del 1 de septiembre.

Sobre el caso resalta que Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas, habría estado al tanto de los movimientos de Villa Barragán junto con Humberto Pedrero Moreno, director de administración; Ulises Morales Gómez, titular de Adquisiciones e infraestructura; Juan Manuel Lira Romero, titular de Atención Médica; Rubén González Herrera, encargado de la Coordinación Técnica de Bienes y Contratación Servicios; Mario Pacheco Ortega, titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, y Luis Víctor Aguilar, encargado del Despacho de la Coordinación Técnica de Servicios Indirectos.

A las deficiencias del proceso se suma la vigilancia referente a Hemoser, de Ignacio Higareda, firma que ha incurrido en atrasos a la hora de instalar el software para que funcione el sistema de trazabilidad de la sangre por las partidas que le tocaron en la licitación LA-050GYR988-E11-2019. Así, las pruebas de laboratorio también presentan retrasos, aun cuando las nuevas proveedoras debían comenzar a operar desde el 1 de julio.


@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com

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