Peligrosos vientos de confrontación

06/06/2020
10:08
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Nada sería más peligroso y doblemente dañino para el país, que la crisis sanitaria y económica por el Covid-19 se contaminara con el encono de la lucha política y electoral por el 2021. Convertir el doloroso impacto por la pandemia, que aún está en la parte más crítica y riesgosa para los mexicanos, en una arena de confrontación política, sería lo mismo que lanzar gasolina y un fósforo encendido en la seca pradera del miedo, el desempleo y la desazón social que en estos momentos recorre la República.

Las expresiones de protestas y distubios violentos ocurridos el jueves y viernes en Guadalajara, con la bandera de la #JusticiaparaGiovanni, el joven asesinado por policías municipales en Jalisco, y en la Ciudad de México en los entornos de la embajada de los Estados Unidos por un supuesto apoyo al movimiento del #blacklivesmatter, tienen un hilo en común: la irrupción de grupos anarquistas y violentos que aprovechan cualquier coyuntura o situación de inconformidad y tensión social para actuar con violencia y generar un caos que lo mismo siembra miedo y angustia entre la población, que propicia la respuesta de los cuerpos de seguridad y con ello el desgaste y el cuestionamiento a los gobiernos, sean del partido que sean.

No está del todo claro quién financia y mueve esos grupos que lo mismo aparecen en protestas ciudadanas, que en movimientos feministas, sindicales o del cualquier otro tipo, pero lo que sí está claro es que, más allá de su agenda y motivaciones propias vinculadas a una peculiar interpretación del anarquismo que tiene conexiones internacionales, también hay grupos y personajes políticos que los han llegado a utilizar con fines de golpeteo político o para generar climas de miedo e incertidumbre entre la población.

La relación entre Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, había sido hasta ahora respetuosa, a pesar de sus diferencias políticas y aun en medio de la pandemia del coronavirus en la que que cada uno de ellos trae su propia agenda no sólo en los temas de gobierno, sino también en lo político. Pero el arranque de Alfaro al acusar directamente a Morena y vincular al Presidente por su nombre con la irrupción de esos grupos violentos y anárquicos en las manifestaciones convocadas por estudiantes universitarios el jueves pasado en el centro histórico de Guadalajara, tensó sin duda esa relación y complicará la situación en uno de los estados más importantes de la República.

La respuesta directa y airada que le dio el Presidente al gobernador jalisciense por haberlo mencionado por su nombre y la exigencia de que pruebe sus dichos y “que no se retracte”, habla de que Alfaro encendió la mecha tabasqueña del mandatario, que ayer era arropado y defendido por las baterías de Morena, desde los mensajes desde Segob por Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, hasta los posicionamientos de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y del líder del Senado, Ricardo Monreal, cuestionando las acusaciones del mandatario estatal y el uso de métodos “represivos” en su entidad.

Alfaro por su parte, al acusar a “oficinas de la CDMX y a los sótanos del poder” de haber infiltrado la protesta de estudiantes jaliscienses por el caso de Giovanni López, trató de reducir el efecto del mismo y matizar el golpe para su administración al desviar un claro problema de abuso y asesinato policial hacia una intervención política del gobierno federal. La jugada fue audaz pero tendrá sus costos también para el gobernador que ayer, por lo pronto, aprovechó la invitación a su estado de los 7 gobernadores que junto a él integran el Frente de Estados contra el Coronavirus, para dejarse respaldar por los mandatarios de Nuevo León, Jaime Rodríguez; Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; Michoacán, Silvano Aureloes; Coahuila, Miguel Riquelme; Colima, Ignacio Peralta; y Durango, José Rosas Aispuro; y Diego Sinhué, de Guanajuato, los cuales cerraron filas en torno a Alfaro y, desde Tequila donde se reunieron, pidieron al gobierno federal “no caer en provocaciones ni lucrar políticamente con los temas de seguridad”.

El espaldarazo de los 7 gobernadores a Enrique Alfaro, más allá de responder a la alianza estratégica que esos estados han hecho en el tema del coronavirus, lleva todo un mensaje político ante el temor de que el jalisciense enfrente una ofensiva desde el gobierno federal y de que se busque incendiar a este importante estado del país. Y es que ayer mismo, en el gobierno federal ya se hablaba de dos temas que podrían “crecerle” al gobernador Alfaro, por un lado el tema de la deuda millonaria que ha solicitado en su estado, el ultimo crédito por 6,200 millones de pesos que le autorizó el Congreso local, y para lo cual requiere el aval de la Secretaría de Hacienda federal; y un expediente que, según fuentes federales, existe sobre un problema de facturas falsas y pagos a empresas fantasma que detectó la Auditoría Superior de la Federación y que estaría siendo investigado en instancias federales.

Por eso, ante los peligrosos vientos de confrontación y los violentos disturbios que esta semana se vieron primero en Guadalajara y luego en la Ciudad de México, vale la pena que los actores políticos, tanto estatales como federales, lo tengan muy claro y se lo piensen dos veces: en un choque como el que iniciaron no sólo se puede incendiar a un estado estratégico como Jalisco, sino que de paso se podría estar prendiendo la mecha para que muchos grupos radicales se asomen en estos tiempos aciagos y tensos del coronavirus y sus crisis. En la confrontación no habría un ganador y los dos, el presidente López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro saldrían golpeados.

La polarización que ya tenemos en la sociedad mexicana, atizada además por la incierta y desesperada situación económica y social, sería un coctel explosivo en estos momentos, sobre todo con la ebullición e insurrección que hoy se vive en nuestro poderoso vecino por el mismo tema de abusos, racismo y asesinatos policiales. Las mismas condiciones y, en algunos casos hasta los mismos grupos que incendiaron en horas 140 ciudades de la Unión Americana, también podrían prender el fuego de protestas violentas en México. Así que a nadie le conviene la confrontación frontal que en estos momentos, es echarle gasolina al fuego.

La falta de cubrebocas y un alcalde de negro historial

En el caso del asesinato del joven de 30 años Giovanni López, se mezclaran por un lado las medidas “obligatorias” y con uso de la fuerza pública, como la de portar cubrebocas en esta pandemia, con un problema de violencia e infiltración del narcotráfico en policías municipales como la de Ixtlahuacán de los Membrillos, a la que pertenecían los uniformados que masacraron a golpes al joven detenido por no llevar la mascarilla de protección.

Eduardo Cervantes Aguilar, el alcalde priista de Ixtllahuacán, que es parte ya de la Zona Metropolitana de Guadalajara y se ubica a 30 kilómetros de la capital jalisciense, tiene un negro historial en el que lo han vinculado desde la desaparecida PGR, lo mismo a grupos delincuenciales de Jalisco y Michoacán, hasta con desapariciones, secuestros y asesinatos ocurridos en su municipio y denunciados por sus propios pobladores.

Cervantes Aguilar es médico por la Universidad de Guadalajara. Su carrera política se ha desarrollado en Ixtlahuacán de los Membrillos, de donde fue regidor por el PRI en 2007-2009 y dos veces Secretario General del ayuntamiento los siguientes dos trienios. En 2015 se postuló a la presidencia municipal donde ganó y se reeligió en 2018.  Su trayectoria personal y política ha estado permanentemente marcada por acusaciones graves. Cuando el ahora alcalde se desempeñaba como Secretario General, fue denunciado por familiares del exdirector de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, Álvaro Corona Piceno, como responsable de la desaparición de este exfuncionario.

Una nota de El Informador en noviembre de 2016, narra que en 2012 el hoy alcalde le vendió dos predios a Álvaro Corona, pero nunca le entregó documentos para acreditar las propiedades, por lo que el excomisario pidió la devolución de su dinero. "Lo último que supimos es que Álvaro recibió una llamada en la que le dijeron que le iban a entregar el dinero de los terrenos a él; lo hicieron ir a Ixtlahuacán de los Membrillos, cuando ya tenía ocho meses de haber renunciado como director de la policía", explicó Claudia Corona. “Le mandan hablar para entregarle un cheque y es cuando ya no regresa. Decidimos llamar a los policías y al entonces secretario, quien habría dado la orden para que lo levantaran”, acusó la hermana del excomisario. En 2017, un año después de la desaparición de Álvaro Corona Piceno, su hermano fue asesinado. La familia culpó también al actual alcalde de ese crimen.

Eduardo Cervantes Aguilar también fue investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como participar en la venta de armas a civiles, a los cuales hacía pasar por policías municipales. Su nombre aparece en un mapa delincuencial presentado el 15 de junio de 2015 por la desaparecida PGR, en el que revelan nombres de integrantes del CJNG, que engrosaban las filas de las autodefensas de Michoacán.

Los policías bajo el mando del alcalde también tienen antecedentes. En 2017, tres policías municipales fueron detenidos y acusados de secuestrar y asesinar a un inspector de la SCT tras robarlo. Su cuerpo fue encontrado en una brecha. En abril de este año fueron condenados a 25 años de cárcel. No es la primera vez que este municipio cercano a Chapala se ve envuelto en el escándalo. Es una de las localidades más violentas y donde los medios han dado cuenta en los últimos meses del mayor número de hallazgos de cuerpos embolsados, y de cadáveres dejados en camionetas, brechas o canales.

Durante los últimos 4 años, se ha mantenido como uno de los cinco municipios de Jalisco en los que más personas desaparecen por cada 100 mil habitantes. En marzo de 2019, autoridades encontraron 20 cuerpos en un canal de Atequiza, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Meses después, en junio de 2019, fueron hallados más de una decena de cuerpos en otra parte de este canal. En notas periodísticas publicadas en medios de Guadalajara, se consigna que los mismos pobladores de Ixtlahuacán se refieren a ese canal como “cementerio del CJNG”. Apenas esta misma semana, los medios registraron el hallazgo de cinco cuerpos calcinados dentro de una camioneta en ese mismo municipio.

Así que detrás del caso de Giovanni López, hoy motivo de confrontación política, de disturbios y de tendencias en las redes sociales, está la misma historia de violencia del narcotráfico, corrupción de autoridades, brutalidad de policías infiltrados por el crimen y descomposición social fomentada por la impunidad con la que todo esto ocurre. Y sí, Giovanni fue brutalmente asesinado a golpes en un pueblo pequeño que se llama Ixtlahuacán de los Membrillos, pero que pudo llamarse de cualquier otro modo y estar ubicado en cualquier otro estado o región de México. Los dados mandan serpiente doble.

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Autor de la columna “Serpientes y Escaleras”, Salvador García Soto es uno de los periodistas críticos con amplia presencia en los medios impresos y electrónicos de México.

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