02/04/2019
11:37
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Hace unas semanas, el presidente López Obrador señaló: “siempre, cuando se tiene que decidir sobre un tema polémico, decimos vamos a la consulta, a la democracia para no imponer nada” (http://bit.do/eNeWt). Paradójicamente, este comentario, de fuerte carga normativa, va a contrapelo de lo que se requiere para mantener la armonía en una sociedad democrática. En lugar de prevenir el conflicto, se abren las llaves para que este se manifieste. Como ha señalado Stephen Holmes, “para evitar conflictos destructivos, suprimimos temas controvertidos”. El ejemplo clásico son los temas religiosos. Darle la vuelta a temas polémicos evita que la vida política quede atrapada en conflictos irresolubles.

La afirmación de AMLO arriba citada, al hacerse en el marco del debate sobre la despenalización del aborto, se ha leído como una invitación a someterlo a consulta, tema que ya planteó en la campaña (http://bit.do/eNeWG). Si abrir un frente más es inoportuno, someter la despenalización del aborto a consulta abre la puerta a que los prejuicios, y no la razón, dicten la toma de decisiones de política pública. La relación entre religiosidad y posturas hacia el aborto está bien documentada.

En Estados Unidos, por ejemplo, quienes consideran que la religión es muy importante en su vida se oponen claramente a la legalización del aborto (58 por ciento). En cambio, quienes no le dan importancia a la religión, respaldan abrumadoramente (82 por ciento) que el aborto sea legal (Pew Research Center, Religious Landscape Study,2014). En México la relación también existe: quienes asisten frecuentemente a servicios religiosos se oponen a la interrupción legal del embarazo en mayor proporción que quienes no lo hacen (59 a 43 por ciento, encuesta nacional Buendía & Laredo, 2013). La pregunta es si queremos involucrar a la población en un tema que ninguna consulta zanjará en forma definitiva y que, además, da pie a una deficiente toma de decisiones en materia de salud pública.

El Brexit, por otro lado, ilustra uno de los principales problemas de los mecanismos de democracia directa: qué pasa cuando la mayoría cambia de opinión después de la realización de la consulta. Lo que en un inicio fue un Sí se convierte en No. La propuesta de abandonar la Unión Europea ganó con 52 por ciento de los votos en junio de 2016. Para finales de 2017, las encuestas mostraban que el Brexit ya era un error para una mayoría de la población (45 a 42 con 12 por ciento de no sabe, YouGov, 19/12/2017). La tendencia se ha mantenido desde entonces.

Entre la fecha del referéndum y la salida de la UE los británicos han descubierto que los beneficios de la salida no son los que pregonaban los impulsores del Brexit. A ello se suma la percepción mayoritaria (63 por ciento) de que el gobierno británico ha hecho un pésimo trabajo negociando. Por ello, ante las opciones de seguir dentro de la Unión Europea, aceptar la negociación realizada por Theresa May o salirse sin negociación alguna, 55 por ciento de los británicos prefiere quedarse en la Unión Europea (NatCen, febrero 2019). Y es que, aun con democracia directa, los ciudadanos desconocen cómo se van a implementar sus decisiones.

Las consultas, o cualquier forma de democracia directa, no tienen un mecanismo para incorporar los cambios en la “voluntad general”. La decisión está tomada y no hay forma de enmendarla. En una democracia representativa las elecciones están programadas para realizarse en intervalos específicos o incluso adelantarse (sistemas parlamentarios), y por tanto pueden incorporar los cambios en la opinión ciudadana. Si algo debemos aprender del Brexit es la necesidad de ratificar los resultados de una consulta o referéndum. En decisiones de gran trascendencia un segundo ejercicio es obligado.

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