Cuando Andrés Manuel López Obrador nombró a la implacable Raquel Buenrostro como Oficial Mayor de Hacienda, sabía que al concentrar las compras de gobierno en una sola entidad administrativa, que le reporta directamente a la Presidencia, se enfrentaría a grandes grupos de poder; uno de los más importantes: el sector farmacéutico. 

Entre las primeras acciones del Presidente para poner orden en la industria farmacéutica fue vetar a tres distribuidoras de medicamentos a las que acusó de concentrar 60% de las compras de gobierno para el sector salud. López Obrador habló de adjudicaciones superiores a 335 mil millones de pesos que se habrían entregado a los tres grupos durante el sexenio pasado. 

Las empresas que recibieron contratos multimillonarios son Grupo Fármacos Especializados, de Francisco Fayad, uno de los invitados a la polémica boda de la hija del abogado Juan Collado; Farmacéuticos Maypo, del empresario Jack Rodríguez Bussanich; y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), propiedad de la tapatía Pisa, de Carlos Álvarez Bermejillo.

Esta última ha cobrado mayor relevancia tras haber sido acusada por el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatell, de haber ‘chantajeado’ al gobierno con producir el medicamento metotrexato siempre y cuando le liberaran los permisos para continuar con su línea de producción. 

El desencuentro entre el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) y la poderosa farmacéutica jalisciense comenzó el pasado 9 de mayo, cuando la empresa de la familia Álvarez Bermejillo recibió la verificación de la Cofepris, a cargo de Alonso Novelo Baeza, y le fue suspendida su línea de producción de metotrexato por incumplimiento de la normatividad de las buenas prácticas de fabricación.

De acuerdo con el acta de verificación sanitaria de la inspección a Laboratorios Pisa número 19-MF-3309-01748-MO, la autoridad consignó discrepancias de carácter documental en el proceso de producción, que, según la empresa, significa que no existe problema en la calidad sino que la suspensión es por temas administrativos de permisos vencidos de la misma Cofepris. 

Esta visita se debió a una denuncia anónima por parte del sistema de salud pública de Puebla, quienes notificaron reacciones adversas al metotrexato.

El 26 y 27 de agosto, padres de familia y médicos del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, culparon a la Cofepris por frenar la producción y distribución de metotrexato para atender a niños con leucemia. Denunciaron que el 5 de junio recibieron el primer oficio que daba cuenta del desabasto y fue hasta el 12 de agosto que se quedaron sin el medicamento. 

Acto seguido, la Cofepris solicitó a Pisa la distribución del metotrexato. El organismo dijo que había cinco fabricantes e importadores del medicamento que contaban con registros y permisos sanitarios vigentes hasta 2020, lo que equivale en su conjunto a 35 millones de unidades.

Las dependencias de salud del gobierno hicieron creer al Presidente que el desabasto era una guerra sucia, boicots y sabotajes de las farmacéuticas mexicanas en su contra. Sin embargo, las huestes de Cofepris y la SSA repararon en ello y el viernes 20 septiembre reconocieron que ninguna compañía del país tiene certificados vigentes y todas tienen suspendidos sus procesos. 

Fue así que el sábado pasado, en un comunicado conjunto la secretaría de Salud, la de Marina y Hacienda difundieron la compra internacional del medicamento metotrexato al laboratorio francés Mylan. Se adquirieron 38 mil 200 unidades y 29 mil 230 de 50 miligramos a un costo de 81.70 pesos, lo que representa un ahorro escaso de 30 centavos por cada pieza, es decir, 8 mil 769 pesos.

Las 8 mil 970 de 500 miligramos las adquirieron en 253.70 pesos, mientras que a Pisa se las compraban a 254.70 pesos, lo que significó el ahorro de un peso, que en total en esta presentación representa otros 8 mil 970 pesos. En total, se ahorraron 17 mil 739 pesos de ahorro en esta compra del medicamento para el cáncer. 

Llama la atención la furibunda reacción del Presidente y de los funcionarios de Hacienda en contra de Laboratorios Pisa, cuyo dueño, Carlos Álvarez Bermejillo, había sido uno de los principales interlocutores de la iniciativa privada tapatía con Andrés Manuel López Obrador y su jefe de Oficina, Alfonso Romo. De hecho, Álvarez Bermejillo forma parte del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico anunciado en febrero. 

En la actual administración, Pisa ha obtenido 17 contratos para abastecer 65 claves y más de 75 millones de piezas para el segundo semestre de 2019 mediante la mega licitación de medicamentos genéricos y otros insumos que se llevó a cabo en junio. Así, la compañía que cumplirá 75 años en el mercado es, desde hace décadas, uno de los proveedores más importantes del gobierno federal. ¿Lo seguirá siendo con la 4T o le esperan nuevos zarpazos? 

La mano de Pedro Haces en el AICM 

El equipo de Irma Eréndira Sandoval, en la Secretaría de la Función Pública, deberá estar muy atento a los movimientos realizados desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que dirige Miguel Peláez Lira, pues está a punto de contratar el servicio de limpieza con una serie de requisitos que exceden el Contrato Marco en el que dicen basarse. 

Todo parece apuntar a que se trata de un movimiento estratégico para beneficiar con un contrato de 200 millones de pesos a P&C Limpieza, Joad Limpieza y Servicios, o bien a Gerlim, empresas que estarían bajo el amparo de Pedro Haces Barba, quien recientemente terminó su labor como senador morenista y fue señalado por participar en contratos irregulares en los gobiernos priistas como el de Javier Duarte y Roberto Borge, de Veracruz y Quintana Roo, respectivamente. 

Entre los excesos registrados resaltan aquellos asentados en los numerales T2, T3, T13 y T16, los cuales solicitan que los concursantes acrediten contratos con más de mil empleados, que cuenten con ingresos de 15% de la propuesta económica realizada, además de entregar una muestra del uniforme de trabajo personalizado para cada categoría de colaborador.

Lo más grave es que en la Convocatoria del procedimiento AA-009KDN001-E117-2019 no tiene contemplada alguna fecha para realizar la respectiva Junta de Aclaraciones. Las alertas están encendidas en el sector. 

Twitter: @MarioMal.
Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com