Desterrar las prácticas corruptas que apadrinan multimillonarios negocios realizados al amparo de pútridas complicidades público-privadas, fue un mandato principalísimo de quienes votaron por AMLO, y es aún, dos años después, un incesante clamor ciudadano, salvo de quienes ven amenazados sus jugosos e impunes latrocinios.

El caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya –quien ya debe estar en México si no hubo contratiempo en el vuelo que lo trasladó ayer desde España– , genera una expectativa ciudadana que es tan grande como podría ser la decepción que provoque si su largamente esperado juicio no implica a quienes, por encima de él, en términos de autoridad política, promovieron y se beneficiaron de los sobornos pagados por Odebrecht para obtener contratos de obra o de la compra a sobreprecio, con recursos públicos, de plantas chatarra quebradas por los empresarios que antes, a precios de remate, las recibieron del gobierno o del descarado saqueo por el robo de combustibles desde las instalaciones terrestres y marítimas de Pemex.

El líder de la mayoría del Senado, Ricardo Monreal, consideró que las revelaciones que hará Lozoya provocarán un “temblor político”. Y es que, pactada su condición de testigo cooperante a cambio de beneficios en su proceso, ofreció “cantar” y mostrar grabaciones que evidencian a legisladores sobornadores y sobornados para la aprobación de las reformas estructurales del gobierno anterior.

Pero resultaría inverosímil que, al menos como testigos, no comparecieran ante la justicia el expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de quienes Lozoya recibía órdenes; o exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón con los que el inculpado pactó durante la transición de 2012.

No presentarlos ante tribunales confirmaría que sí hubo un pacto de impunidad entre Peña y AMLO, lo que dañaría gravemente la credibilidad del hoy Presidente y la de su cruzada anticorrupción.

Ésta, por lo demás, corre otros riesgos: 1. El de convertirse en una herramienta de venganzas políticas, una purga atizada por soplones y traidores en la que paguen justos por pecadores; y 2. El de no tocar ni con el pétalo de una rosa a funcionarios de la 4T sobre los que han recaído denuncias periodísticas y ciudadanas de presuntos actos de corrupción. La legitimidad de este combate está obligada a pasar por la legalidad, la imparcialidad y la justicia. Ya veremos si es así.

Instantáneas:

1. LINCHAMIENTO.

Un ejemplo del riesgo de hacer de la lucha anticorrupción un linchamiento mediático, lo tenemos en el aún no resuelto caso emprendido contra la actual directiva de la cooperativa Cruz Azul por delincuencia organizada, desvío de fondos al extranjero, la compra de propiedades en Estados Unidos y, más recientemente, por malas inversiones en bonos del Tesoro de ese país. Y es que resulta curioso, por decir lo menos, que el denunciante sea, en todos los casos y en solitario, el abogado Guillermo Barradas, quien por cierto fuera defensor de los exgobernadores priistas Javier Duarte y Roberto Borge, y que aseguró en reciente entrevista radiofónica que no ha cobrado un solo peso por sus servicios. El hecho es que, en el linchamiento mediático del director de la Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, nunca han dado la cara los cooperativistas demandantes o afectados. Y lo que se sabe es que detrás de Barradas están José Antonio Marín, Víctor Manuel Velázquez y Juan Briseño, tres exfuncionarios que controlaban áreas vitales de la Cooperativa, que fueron expulsados de ella y que están bajo investigación judicial por presuntos fraudes que suman 500 millones de pesos. Ellos, a juicio de un buen número de cooperativistas, no buscan transparencia alguna sino controlar un negocio que genera más de 30 mil millones de pesos anuales. Sean entonces las autoridades judiciales quienes dictaminen, pero mientras eso ocurre no puede uno dejar de preguntarse: ¿Quiénes, desde el poder, están interesados en la Cooperativa? ¿Por qué un abogado solitario sostiene esta lucha sin que los interesados directos den la cara o le paguen sus servicios? ¿Cuál fue y con quién hicieron el trato los llamados disidentes, y, sobre todo, a cambio de qué favores jurídicos y políticos?

2. ¿HUIDA?

Sorprendió que la senadora del PRI, Vanessa Rubio, pidiera licencia para ausentarse de un cargo de representación popular que concluirá dentro de cuatro años para dedicarse a la academia, según argumentó en su solicitud. Se supo que viajará a Londres, aunque no se dijo a qué institución. Dicen los que saben que quien la está ayudando a ocuparse allá es José Ángel Gurría, quien también, sorprendentemente, anunció en días pasados que no se reelegirá para un periodo más al frente de la OCDE. Quien esto escribe tiene muy buenas referencias de Vanessa Rubio por su gran preparación, eficiencia y su lealtad, pero las malas lenguas especulan que, por ser tan cercana al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y ante la llegada a México del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, prefirió poner pies en polvorosa, aunque por otro lado hay quienes piensan que, si esa fue la razón, más le convendría conservar el fuero de senadora. Pero resulta que ese fuero está a días de derogarse si, como se negocia, se incluyen las reformas al artículo 111 constitucional en el periodo extraordinario del próximo 24 de julio. México tiene con la Gran Bretaña un tratado de extradición firmado desde 1886, pero los delitos de carácter patrimonial que considera para que aplique son tan difusos, que difícilmente se consigue la entrega de presuntos implicados. Y para muestra está Karime Macías, la exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien está en Londres desde abril de 2017 y a la que se le sigue allá proceso de extradición, mientras es juzgado en México el hombre del que se divorció en octubre de 2019.

3. MOCHES.

Consultados por esta columna, un par de priistas que fueron diputados de la LXII Legislatura aseguran que muchos de los integrantes de la bancada tricolor recibieron al menos un millón de pesos tras la aprobación de la reforma energética. Sostienen que la entrega del dinero fue en el PRI y que la operación habría estado a cargo de Marco Antonio Bernal, entonces presidente de la Comisión de Energía de la cámara baja. ¿Será?

4. MINAS.

El Servicio de Protección Federal (SPF) que encabeza el expanista Manuel Espino, conformará una policía especializada para prevenir y combatir delitos en las minas del país. La mayor parte de ellas están en lugares remotos, muchos de ellos en zonas de influencia de la delincuencia organizada. El SPF respondió así a la petición hecha por el subsecretario de Minería de la secretaría de Economía, Francisco Quiroga.


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