07 / diciembre / 2021 | 11:45 hrs.

¿Qué pasa en Nuevo León?

Alejandro Hope

El 19 de febrero fue un día de miedo en Nuevo León. En menos de 24 horas, once personas fueron asesinadas en varios puntos del estado: cuatro en Pesquería, tres en Cadereyta, dos en García y dos en Apodaca. Y esa no fue más que una jornada en una racha de violencia que ya se extiende más de dos meses.

El día previo, fue ejecutado Rosendo Galván Medina, ex alcalde del municipio de Los Ramones, en Guadalupe, dentro de la zona metropolitana de Monterrey. Un día antes, una persona fue asesinada en un centro comercial de San Pedro Garza García, tal vez el municipio más próspero del país. Y menos de una semana antes, tres personas fueron ultimadas con pocas horas de diferencia en Apodaca y Monterrey.

Estos no son incidentes aislados. En enero, 98 personas fueron asesinadas en Nuevo León, (incluyendo casos de feminicidio). Eso equivale a un incremento de 88% con respecto al mismo mes de 2018. En los últimos tres meses, se han acumulado 287 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, 16% más que en los tres meses anteriores.

¿Qué dicen las autoridades estatales sobre esta oleada de violencia? Que el problema es nacional, no sólo de Nuevo León y que la responsabilidad es de todos. Esto afirmó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón El Bronco sobre el tema: “La violencia avanza en México todos los días, no nada más en Nuevo León (…). Se nos han crecido estos dos últimos meses el tema de los homicidios y los tenemos que detener, es chamba del gobierno y el gobierno no solo es el gobernador de Nuevo León, es la Federación, los municipios para contener este delito”.

A nivel municipal, la oleada de violencia ya empezó a provocar un recambio de personal. En San Pedro Garza García, Felipe Gallo, exdirector de la Fuerza Civil estatal y un policía con prestigio bien ganado, presentó hace dos días su renuncia como secretario de seguridad pública municipal.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una gira por Nuevo León, afirmó que el problema era de falta relativa de efectivos. Prometió el envío de más personal federal al estado, pero, de arranque, menos que lo solicitado por el gobierno estatal: en lo inmediato, solo serán 450 elementos federales adicionales, con la promesa de que ese número crecería hasta 1800 en el transcurso del año.

¿Hay alguna buena explicación del incremento de la violencia y la inseguridad? Las autoridades de todos los niveles han recurrido al expediente de la disputa por la plaza entre bandas de la delincuencia organizada. Y sí, en efecto, han aparecido mantas (presuntamente) firmadas por una célula conocida como los Zetas Vieja Escuela, con amenazas a otro grupo de linaje zeta, conocido como el Cartel del Noreste (CDN).

¿Eso es todo? Probablemente no. Según la Agencia Estatal de Investigación, un buen número de agresiones en la zona metropolitana de Monterrey, incluyendo el homicidio de una persona en un centro comercial de San Pedro, serían obra de bandas de personas de nacionalidad colombiana o venezolana.

Una causa más estructural pudiera ser el deterioro de la Fuerza Civil. Presentada hasta hace poco la policía estatal modelo en el país, la policía estatal de Nuevo León ha experimentado en años recientes un estancamiento presupuestal y, según versiones de medios locales, una degradación de la disciplina interna. Por su parte, las prisiones neoleonesas (empezando con el tristemente célebre penal de Topo Chico) se mantienen en condición de crisis permanente.

Cualquiera que sea la causa, el asunto debería preocuparle al gobierno federal. Como se vivió entre 2010 y 2012, una crisis de seguridad en Nuevo León tiene repercusiones nacionales.

Empezar con ese expediente sería un muy mal inicio de sexenio.
 

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