Si en la “Fuenteovejuna” del gran Lope de Vega la respuesta a la pregunta de ¿quién mató al comendador? tiene una respuesta colectiva que no apunta al autor material del asesinato sino a una colectividad que lo protege, lo encubre y le facilitó el homicidio, en el lamentable y brutal homicidio del Juez federal Uriel Villegas y de su esposa Verónica Barajas está claro que hay un homicida directo que bien podría ser del crimen organizado contra el que el juzgador había actuado y dictado sentencias, pero también hay otros que, a querer o no, facilitaron la ejecución a sangre fría que, en su propio domicilio, sufrió el funcionario del Poder Judicial Federal.
Porque después de haber estado en Guadalajara como Juez de Amparo, Uriel Villegas Ortiz sí conoció del amparo de “El Menchito” Rubén Oseguera González, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, y fue él quien ordenó su traslado de Oaxaca al Penal de Puente Grande en Jalisco. En marzo de 2018, cuando era Juez Sexto de Distrito en Procesos penales, Villegas Ortiz le ordenó al área de Prevención y Readaptación de la Secretaría de Gobernación, con un oficio, que “sin pretexto alguno, en un plazo de 5 días, se traslade al procesado Rubén Oseguera González”, e incluso amenazaba el juzgador con que si no se cumplía el traslado del “Menchito” a Guadalajara “se ordenará el arresto por 12 horas” del funcionario responsable de Segob.
En los circuitos judiciales de Guadalajara se comenta de otro amparo que habría llevado el juez Uriel Villegas en aquella época sobre un caso relacionado con un Valencia, familiar directo de la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, Rosalinda González Valencia “La Jefa”. Aparentemente aquel caso no se resolvió favorablemente para la familia de “El Mencho” y eso molestó al capo y a su organización.
Con esos antecedentes, y después de haber llevado esos juicios de “alto perfil” en Jalisco, el 1 de febrero de este año el Juez Uriel fue designado por el Consejo de la Judicatura Federal como Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de Colima. En la Judicatura hay, entre otras, dos Comisiones: la de Adscripción y la de Vigilancia. A la Comisión de Adscripciones le corresponde decidir a qué Circuitos (Estados) deben ser adscritos jueces y magistrados y ahí llama mucho la atención que a este Juez se le mandara a Colima, lugar de operación, control y territorio del líder del CJNG, que aunque nació en Aguililla, Michoacán, casi en los límites con Jalisco y Colima, junto con su familia política de los Valencia, hizo del Puerto de Manzanillo y de la capital colimense dos de sus centros de operación estratégicos.
Por su parte, la Comisión de Vigilancia del CJF, a cargo del consejero Jorge Cruz Ramos, es la que decide poner o quitar escoltas a los jueces y magistrados, conforme a criterios más de afinidad que con base en evaluación de riesgos. Esa Comisión decidió retirarle todo tipo de seguridad. Ayer en varios medios se recibieron llamadas de las áreas de Seguridad del Gobierno Federal en donde se afirmaba que el mismo Juez Uriel Villegas había solicitado “por escrito” que se le retirará la protección, consistente en una camioneta blindada y un par de escoltas que lo cuidaban las 24 horas del día.
La información se difundió primero en varios medios atribuida a “fuentes federales” sin mostrar el escrito, pero por la tarde comenzó a circular a través de mensajes de whatsapp un oficio membretado del Poder Judicial de la Federación, con el número 33/2019, fechado en “Puente Grande Jalisco a 21 de febrero de 2019” y en el que Uriel Villegas Ortiez firma como Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, su cargo anterior al de Colima, y en el que el juzgador se refiere a una comunicación enviada por Carlos Enrique Mendoza, Secretario Ejecutivo de Vigilancia del CJF, a quien le dice que tal y como lo expresó en el oficio 19/2019, del pasado uno de febrero, “en el cual solicité el retiro de medidas de seguridad que tengo asignadas”. El juzgador cita luego los artículos y preceptos legales y termina diciendo: “declino dichas medidas consistentes en vehículos blindado, marca Chevrolet, Suburban con placas de Sonora y el servicio de escolta integrado por 6 elementos y prenda de protección personal”.
Lo único que no checa de ese escrito, que aparece con un sello de recibido el 27 de febrero a las 10:27 es que él haya enviado un oficio firmando como Juez en Jalisco cuando para esas fechas, se supone, ya había sido enviado a Colima. En todo caso, se fue a Colima sin ningún tipo de protección y allá lo masacraron junto con su esposa, dejando huérfanas a dos niñas de 7 y 3 años de edad.
Si la Fiscalía General de la República de verdad va a investigar y llegar al fondo de esta grave ejecución del juzgador federal, tendría que empezar por preguntar por qué a Uriel Villegas Ortiz lo mandaron a Colima y por qué, aún cuando sea verdad que él lo haya pedido, lo dejaron sin ningún tipo de protección en el territorio del Mencho. Porque con esas dos decisiones prácticamente “pusieron” al juez para que lo ejecutaran. Ese parece ser el hilo de la madeja y comienza con el consejero Jorge Cruz Ramos. Así que repetimos la pregunta: ¿Quién mató al juez Uriel y a su esposa Véronica?
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