Muy delicada y altamente explosiva es la situación que atraviesa la Cruz Azul. En días recientes ya dejó ver expresiones de violencia y sus casi 700 cooperativistas advierten ya del riesgo de un colapso económico. Quiebras a la vista por los efectos de la ya larga disputa por el control de la Cooperativa, atizados, a no dudarlo, por la pandemia.

El más reciente episodio tiene a los protagonistas de siempre: José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Velázquez Rangel, principales promotores de las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada contra el director Guillermo “Billy” Álvarez, cuya aprehensión fue ordenada por un juez federal el pasado 29 de julio y de quien hasta ahora se desconoce su paradero.

Marín y Velázquez, quienes se asumen como parte de un consejo directivo surgido de asambleas no reconocidas por las autoridades jurisdiccionales, instigaron el pasado 14 de octubre a un grupo que irrumpió violentamente en la planta de la Cruz Azul de Lagunas, Oaxaca.

Oculta su identidad entre un grupo de golpeadores, pretendieron apoderarse de la planta como supuestos representantes legítimos, acompañados por sus abogados Rafael Anzures y Guillermo Barradas. Éstos no encabezaron, como cabría esperar, diligencia alguna ni presentación de pruebas del reclamo, lo que derivó en un zafarrancho con los cooperativistas y trabajadores.

El ánimo de violencia se atizó cuando una camioneta negra con placas DLC 228-C del estado de Chiapas arrolló al cooperativista Oliverio Guerrero, quien hasta ayer era reportado grave. Marín y Velázquez declararían horas después que en el vehículo iba gente afín a “Billy” Álvarez, lo que rechazó más tarde Alberto López Morales, presidente del Consejo de Vigilancia de la cooperativa, quien compartió con este reportero evidencia de su desmentido.

Tres fotografías corroboran que quien iba en la camioneta era Marín. El atropellado, Oliverio Guerrero, forma parte de su grupo y se puso frente al vehículo para que se detuviera y pudiera abordarlo para escapar de la creciente irritación de cooperativistas y trabajadores de la planta de Lagunas, según confirman testigos.

Otra fotografía documenta la presencia del abogado Rafael Anzures, vestido con camisola militar, supuestamente para blindarse de posibles agresiones, lo que constituye un delito según la fracción cuarta del artículo 250 del Código Penal Federal.

Anzures, como lo hemos señalado aquí, es hijo de Rafael Anzures Uribe, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, vínculo que algunos cooperativistas consideran que habría inclinado decisiones a favor del grupo de Marín. Éste, debe recordarse, autorizó en agosto de 2019, durante la toma de tres días de la caja de Cruz Azul, transferencias por 47 millones de pesos a Anzures hijo.

Federico Sarabia, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, reconocido por la asamblea legal de agosto de 2018, compartió por su parte copias de los recibos que documentan el pago con recursos de la Cruz Azul de más de 400 millones de pesos, tan solo en septiembre pasado, a los abogados Anzures y Barradas. Ese monto —explica Sarabia— equivale a la mitad de lo gastado en asesorías jurídicas durante cinco años de la administración de Guillermo Álvarez, según denunciaron en su momento Marín y Velázquez.

Los abogados Anzures y Barradas —denuncian algunos cooperativistas— siempre echan por delante lo que dicen es su muy buena relación con uno de los despachos más importantes del Palacio Nacional y, no en pocas ocasiones, aseguran, se han ostentado como representantes de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

En medio de todas estas artimañas de un grupo de no más de 60 cooperativistas, hay alarmantes señales de quiebra de empresas filiales de Cruz Azul, como Médica Azul y el Club Deportivo Social y Cultural; y del riesgo de colapso de una cooperativa histórica que genera más de 25 mil empleos.

Instantáneas:

1. TRANSPARENCIA. En medio del debate de la desaparición de los fideicomisos —que continuaba anoche al cerrar esta columna—, aparecen antecedentes de compras directas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). Los fideicomisos con que ha operado este último, han sido de los más debatidos. Pero la falta de transparencia que hay en el tema deja ver ahora que el TEPJF, durante la administración de la magistrada Janine Otálora, adjudicó al CIDE, sin licitación, contratos por casi diez millones de pesos. Ya le contaré en la próxima.

2. FONDEN. Otro de los temas polémicos por la desaparición de fondos y fideicomisos que pretende el gobierno es el del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). ¿Cómo prescindir de esos recursos? preguntan quienes se oponen. Una respuesta les dio ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. El FONDEN no tiene recursos sino una deuda de trece mil 123 millones de pesos. “No se trata de tomar lo que existe ahí porque lo que existe ahí son deudas”, dijo el funcionario a través de un video. Y detalló que al último día de agosto el fondo tenía cuatro mil 911 millones de pesos, pero por los huracanes anteriores y los sismos de 2017 tiene ya pasivos por 18 mil 34 millones de pesos.

3. SE VA. Telefónica Movistar anunció que se va de México por que su operación ya no es costeable. Trabajará en México hasta el último día del año porque en ningún país paga lo que aquí por el uso del espectro radioeléctrico.

4. LECTURAS. Ganó el PRI en las elecciones del domingo pasado en Hidalgo y Coahuila. Su dirigencia lo ha celebrado con bombo y platillos. Pero es equivocado alardear, como lo ha hecho su dirigencia nacional, que es el regreso contundente y triunfal del otrora partidazo. Morena perdió y, sin duda alguna, se encendieron señales de alarma. Pero es equivocado creer que es el inicio de la debacle del partido en el poder en las elecciones intermedias de 2021. ¿Cuáles son las lecturas, en todo caso? Que el PRI, en efecto, dispone estructuras que, bien operadas, sobre todo en estados por él gobernados, pueden apuntalarlos. Que Morena debe curar sus fracturas sucesorias y que, aún en unidad, su arrastre sigue dependiendo de una sola figura: AMLO.

5. FICHAJE. Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán y exaspirante a la dirigencia nacional del PRI y a su candidatura presidencial, deja el tricolor. Ya fue fichada por Dante Delgado y su Movimiento Ciudadano.

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