Múltiples voces determinaron acercarse en el arranque de la semana a discutir el programa del gobierno López Obrador en el sector salud, en particular el orientado a los más de 60 millones de mexicanos sin acceso a sistemas públicos como el IMSS o el ISSSTE.
El exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa; Margarita Zavala; el editorial institucional del diario, así como los columnistas Ricardo Raphael y Salvador García Soto, solo ayer y por lo que toca a estas páginas, entraron al tema que mereció la entrega de este espacio el domingo. A ello debe añadirse una aislada entrevista a La Jornada por Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Avanzaríamos si trazamos los ejes reales del problema, aquí va una propuesta inicial:
1.- El presupuesto.
Alerta en su texto Urzúa (http://eluni.mx/xq9mwtuc9) que el Insabi es producto del voluntarismo y que nació sin la garantía normativa, operativa ni financiera. Ferrer Aguilar dice que los servicios serán gratuitos “paulatinamente”. ¿De dónde saldrá ese dinero? ¿Cuándo dejará de ser “paulatina” la gratuidad? Es urgente poner a los pacientes al frente de estas dudas, y resolverlas.
2.- El Seguro Popular, balance necesario.
Creado en 2003 por Julio Frenk, secretario de Salud de Vicente Fox, está demostrado que este instrumento, como detalla Ricardo Raphael (http://eluni.mx/oyaytijnf) fue aprovechado en abusos y saqueos por parte de los gobernadores. Zavala alude (http://eluni.mx/zgdeyndd_) a los beneficios de ese sistema, que durante el gobierno Calderón afinó sus controles. Ferrer dice que su función solo benefició a los servicios subrogados. Pero decenas de miles de pacientes que antes morían en las banquetas en espera de entrar a un hospital público tuvieron acceso por vez primera a los institutos de Cardiología, Neurología o Cancerología. ¿Dónde está el balance riguroso, en pesos y centavos, en vidas salvadas, del Seguro Popular?
3.- La cobertura.
Asegura Ferrer que “las 66 intervenciones que cubría el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ahora Fideicomiso de Salud para el Bienestar, se mantendrán, y hay otros 30 padecimientos que también se atenderán de manera gratuita”. ¿Cómo se atenderá, sin más dinero, la demanda creciente en hospitales de todos los niveles e institutos de alta especialidad, si la calidad no ha dejado de caer incluso en los sistemas públicos?
4.- Los medicamentos.
Está documentado que el sistema anterior se prestaba a corrupción por parte de empresas involucradas, con la complicidad de funcionarios médicos y administrativos. Pero el gobierno ha hecho dos intentos de nuevas compras consolidadas sin un balance positivo que garantice medicinas de calidad, un inventario más amplio en lo que antes era llamado el cuadro básico, ni un sistema de reparto eficaz. ¿Cuántas nuevas crisis tendremos de desabasto para transparentar el problema y buscar una solución?
5.- La infraestructura.
Dice Ferrer que 22 estados ya están de acuerdo en participar con el Insabi, los demás presentan resistencias. En su mayoría, los sumados son aquellos que mantienen en quiebra o bajo hipoteca sus sistemas de salud, pues siempre han carecido de recursos, como Oaxaca, Guerrero, Chiapas o incluso Yucatán. Entre los que faltan hay algunos con espléndidos hospitales en Aguascalientes, en Guadalajara, León o Monterrey. ¿Se les van a quitar para meterlos en una licuadora centralizadora en el actual marasmo?
Apuntes:
Jesús Seade comenzó a preparar maletas en la subsecretaría para América del Norte en la cancillería. Desde la etapa de transición cumplió una eficaz tarea en la negociación del T-MEC, que fue la encomienda presidencial que lo llevó al puesto, de la mano de Marcelo Ebrard. Su futuro parece girar en torno a China, sobre la que es una autoridad mundial. Sería un valioso aporte como embajador o al frente de uno de los consulados mexicanos, en Hong Kong o Shanghái. Pese a la cascada de rumores y jaloneos, su lugar no será ocupado por el empresario Javier López Casarín. Se prevé la llegada de un personaje de las confianzas del titular de la SRE.
