Quienes han expedido acta de defunción a los contrapesos y a la autonomía de poderes en el gobierno de AMLO toparon el lunes y ayer con dos fuertes señales que los refutan: La resolución de la Corte que declara inconstitucionales dos artículos de la Ley de Remuneraciones y el acuerdo parlamentario del Senado que abrió la puerta a la aprobación, con modificaciones consensuadas, de las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional. Tal es el fondo interpretativo de las dos noticias, aunque cada una de ellas tenga significados y consecuencias muy precisas.

El pleno de la Corte, tras una semana de debate, alcanzó la mayoría calificada de ocho votos para declarar inconstitucionales partes de los artículos 6 y 7 de la ley que reduce los salarios de los funcionarios públicos para situarlos por debajo de los del presidente.
Comentábamos aquí el 5 de mayo pasado (), que la Constitución, tras una reforma de Felipe Calderón, establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente (artículo 127). Eso es lo que plantea la ley de Remuneraciones, por lo que no puede ser inconstitucional. La Corte, sin embargo, consideró que la determinación del sueldo del presidente se hace de manera arbitraria, discrecional, sin un procedimiento objetivo e integral, lo que viola disposiciones de ese mismo artículo. Por eso ordenó al Congreso fijar los criterios de ese procedimiento en un plazo no mayor a 90 días, lo que permitirá armonizar el llamado “tope salarial” con el principio de división de poderes.

Solamente se declararon inconstitucionales partes de esos dos artículos, no toda la ley que sigue siendo parte del orden legal. No habrá, por lo pronto eventuales efectos en el Presupuesto 2019 y es previsible que los nuevos criterios aplicarán hasta el de 2020 donde, cosas de la vida, AMLO podría recibir un aumento salarial. Lo que sí debe esperarse es que la resolución de marras marcará a jueces y magistrados una línea de acción que, eventualmente permitiría conceder los amparos bien fundados de entre los más de 21 mil interpuestos hasta la fecha, y fijará un claro criterio a la ministra Yasmín Esquivel Mossa en la elaboración de la propuesta de resolución que deberá elevar al pleno tras los nuevos juicios de inconstitucionalidad interpuestos por un grupo de senadores y la CNDH, ya que las impugnaciones apenas resueltas, no consideraban los cambios sufridos por esa ley después de que presentaran su primera demanda.

Por el lado del Legislativo, los coordinadores parlamentarios de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado lograron un acuerdo unánime que abrió la puerta a la aprobación ayer de las cuatro leyes reglamentarias de la Guardia Nacional: la orgánica del nuevo cuerpo de seguridad, la del uso de la fuerza pública, la que cambia la del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la del registro de detenciones.

Tras 40 días de revisión y la incorporación de recomendaciones de organismos internacionales y de la sociedad civil, los senadores modificaron 70 por ciento de las propuestas hechas por el Ejecutivo para no dejar asomo de duda respecto al carácter civil de la Guardia y de su mando, ni de la obligación para quienes la conformen de estar funcionalmente separados de las Fuerzas Armadas.

Por eso le digo que son dos fuertes señales sobre la autonomía de poderes y la vigencia de los contrapesos, en medio de la inocultable incertidumbre generada por el cambio que se vive en el país.
 
Instantáneas:
1. SACUDIDA. Más allá de constituir una ruptura en el gabinete de AMLO materializada en renuncia por primera vez en su gobierno, la de Germán Martínez al IMSS obliga a preguntarnos: ¿Qué tan enfermas están sus finanzas?, ¿realmente se trabaja para curarlo?, ¿por qué el denunciado descuido de Hacienda?

2. GUERRA. Las fisuras en el gabinete también se dejan sentir en el SAT donde fuentes del organismo aseguran que se ha desatado una guerra. De acuerdo con esas versiones hay un fuerte enfrentamiento entre la titular Margarita Ríos Farjat y el administrador general de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo. Se dice que éste último está más preocupado por promoverse que por el correcto flujo del comercio exterior en las aduanas del país. En medio del choque ya se habla de un relevo en Aduanas y se menciona a Pedro Canabal, con larga trayectoria hacendaria. En el propio SAT fue administrador de Planeación y Programación del Comercio Exterior.

3. DISTANCIA. Quien al parecer ha sido alejado del primer círculo de AMLO es el ingeniero José María Riobóo. Dicen los que saben que el secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú lo ha sacado por completo del proyecto del nuevo aeropuerto de Santa Lucía no obstante de que fue uno de sus principales impulsores.

4. REMATE. Aquí le conté que el hoy director del Grupo Aeroportuario, Gerardo Ferrando Bravo fue acusado de un fraude cometido cuando fue director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Una colaboradora que habría estado cerca de las presuntas maniobras es Eloísa Lara. Ella se va a ocupar de la venta de todo el material ya adquirido para la construcción del cancelado aeropuerto de Texcoco. Es como poner a la iglesia católica en manos de Lutero.

5. DESCUIDOS. Ayer circularon profusamente en redes sociales fotografías que evidencian el descuido y falta de profilaxis en el reparto de los medicamentos retrovirales indicados contra el VIH-Sida. Ejemplifican con ellas lo que viene ocurriendo tras el veto a las principales empresas distribuidoras de medicinas. Y contrastan con fotos que muestran los rigurosos protocolos con que éstas lo hacían.

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