Los casos de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht ocurrieron en 12 países de América Latina y solamente en dos no ha habido consecuencias: México y Venezuela. Ahora, el gobierno mexicano ha decidido empezar a actuar vía la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).
La semana pasada la SFP inhabilitó a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, con diez años para ocupar cualquier puesto en el servicio público y a Edgar Torres Garrido, exdirector de Pemex Fertilizantes, con 15 años además de una multa de 620 millones de pesos, por la compra presuntamente irregular de Grupo Fertinal en el 2015. Hoy, Torres Garrido es Jefe de Inversiones de Makech Capital, una empresa de inversiones de Emilio Lozoya.
Por su parte, la UIF congeló las cuentas de quien era director de Pemex cuando Odebrecht sobornó funcionarios en México, Emilio Lozoya Austin, lo mismo que las de la empresa AHMSA, que fue la otra compañía que vendió su planta de fertilizantes, Agro Nitrogenados, a Pemex. El dueño de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, fue detenido ayer en España y la FGR giró una orden de aprehensión en contra de Lozoya.
¿Por qué de pronto se aceleró el proceso jurídico y las acciones del gobierno mexicano en la investigación sobre las compras de Pemex de las dos plantas fertilizantes?
Porque el gobierno mexicano quiere evitar quedarse como el chinito: nomás milando cómo los estadounidenses sí actúan en contra de la corrupción en el caso Odebrecht, capítulo México. Es evidente que para el gobierno mexicano sería una vergüenza y una enorme incongruencia que, teniendo como bandera principal abatir y acabar con la corrupción, sean los americanos los que hagan el trabajo que este país ha sido incapaz de hacer. Y es que el Departamento de Justicia y la Securities and Exchange Commission (SEC) han recibido una demanda en contra de la compra que hizo Pemex de Grupo Fertinal y de Agro Nitrogenados por un monto de 635 millones de dólares por la primera y de 275 por la segunda, por un total de 910 millones de dólares.
El monto es investigado por el sobreprecio pagado por Pemex tomando en consideración el valor de los activos de ambas empresas en ese momento. En un informe de los auditores independientes BDO que realizaron sobre la situación financiera de Pemex Fertilizantes, a la que tuve acceso, se puede ver que Pemex pagó $15 millones de dólares a los socios de Fertinal por los activos de la empresa y solicitó un crédito por el valor mercantil. Tan solo esta decisión significó pagar un sobreprecio de $188 millones de dólares por Fertinal que se convirtió al año siguiente de la compra en una pérdida, un pasivo, para el ejercicio contable del 2016.
Tanto el Departamento de Justicia de EU como la SEC consideran que esta venta está sujeta al Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), ya que la deuda de Pemex cotiza en Estados Unidos y el público inversionista lo centra en su jurisdicción.
El FCPA castiga con cárcel a quienes corrompen a un funcionario público en detrimento de la empresa y sus inversionistas en capital o deuda. En este caso, el soborno investigado es por un detrimento posible de Pemex y sus tenedores de bonos. En los próximos días se harán públicas estas investigaciones del Departamento de Justicia de EU y de la SEC y el gobierno mexicano podrá decir que ya ha estado trabajando en esta investigación también, vía la FGR, la SFP y la UIF.
Apostilla: Veremos si la UIF se decide a investigar también la decisión del 25 de septiembre de 2015 en donde los accionistas de Fertinal decretaron otorgarse un dividendo de 50 millones de dólares a pesar de que la empresa no estaba en condiciones financieras para otorgarse dicho dividendo.
@AnaPOrdorica
