Hoy habrá sesión extraordinaria en el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El tema a tratar será la separación funcional de Telmex y Telnor, las empresas del magnate Carlos Slim que fueron obligadas a dividirse como parte de las medidas asimétricas impuestas a América Móvil por ser un operador dominante.

Lo delicado del asunto es que la sesión ya tiene acuerdo. Con la intervención de la Secretaría de Gobernación, el IFT dará marcha atrás a la exigencia de que Telmex y Telnor se separen; esto, tras una fuerte presión del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) que dirige Francisco Hernández Juárez.

La premura por llevar a cabo una sesión extraordinaria el día de hoy, casi a escondidas, se debe a que el sábado el sindicato de telefonistas votará irse a huelga en el todo el país y la amenaza es hacerla estallar el próximo 23 de enero.

Es por esto que el IFT, de la mano con la secretaría que encabeza Olga Sánchez Cordero, fueron forzados, casi ‘secuestrados’, para dar marcha atrás a las reglas de operación que desde febrero de 2017 el regulador ordenó para avanzar en la competencia y bajar los precios a los usuarios de telefonía.

Telmex y Telnor promovieron varios amparos para defenderse, pero los perdieron. Y ahora, justo cuando las empresas de Slim tienen que comenzar a dividir sus activos y a su personal, aparece el STRM para amenazar a las autoridades con una huelga masiva que dejaría ‘incomunicadas’ varias regiones del país.

Tras la sesión de hoy, lo más probable es que el IFT resuelva que la medida “sigue en pie”, aunque con cambios. La realidad es que para salvar la huelga aceptará la creación de una nueva empresa ordenada para accesos entre telefónicas, pero dicha compañía no tendrá un sólo trabajador. Será una empresa de papel.

El IFT ordenó que se respetaran los derechos de los trabajadores del STRM, tal cual lo manifestó en su comunicado 21/2018. Sin embargo, la dirigencia sindical se convirtió casi en un brazo armado del corporativo de Carlos Slim.

Así, la presión conjunta hacia el gobierno funcionó. Y hoy, ante la amenaza de dejar a millones sin servicio telefónico, el regulador, supuestamente independiente, cambiará las reglas con las que se privilegiaría la baja de precios y con las que se invitó a empresas nacionales y extranjeras a invertir más en el país.

La actitud sumisa del IFT sellará la gestión de su todavía presidente, Gabriel Contreras, quien dejará el cargo el último día de febrero y cuyo principal proyecto será derrotado por complacer al grupo dominante del sector. Será una salida por la puerta trasera para Contreras.

Entre las empresas afectadas con la medida están Telefónica, AT&T, Izzi, Axtel, Megacable, Totalplay y Cablemás, entre otras, y sobre todo los millones de usuarios de los servicios telefónicos que no verán mejoras en los precios ni en la calidad de los servicios en los próximos años.

Se demuestra, una vez más, que los sindicatos pueden más que los reguladores y el gobierno.

CCE: ‘última llamada’

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), me dijo ayer que los proyectos del sector energético que serán anunciados en febrero son la ‘última llamada’ del gobierno para generar confianza y dar señales de certeza a la inversión privada. ¡La última!

El representante de la cúpula de cúpulas empresariales insistió en que sin inversión privada no va a haber crecimiento, y sin crecimiento no va a haber más empleo, y sin más empleo no se va a atacar la pobreza, como el presidente Andrés Manuel López Obrador supone.

La energía es básica para México y cualquier país, expuso Salazar Lomelín; “negarnos la posibilidad de que la energía pueda tener mayor cantidad de proyectos a todos nos parece un error. Igual en esto de la electricidad y los hidrocarburos”.

Para rematar, reconoció la labor de Octavio Romero al frente de Pemex. ¿Quién es entonces la funcionaria incómoda para la IP? Se llama Rocío Nahle.

IMSS: contrato a modo

Y hablando de presiones y contubernio, en la delegación Puebla del IMSS, aún al mando de José de Jesús González Izquierdo, al parecer hubo mucho de esto en la Licitación Pública Internacional Abierta LA-050GYR006-E564-2019 para la compra de consumibles (tóners).

Resulta que el recién llegado José Luis Quintana Corona, coordinador de Abastecimiento y Equipamiento, se encargó de modificar las bases y lineamientos en las juntas de aclaración, al punto de que los consumibles coincidieran con las características de la marca Brother, la cual ofertó la firma Todo en Toner, que tiene el contrato.

Los precios ofertados están por encima de los de mercado, con lo que la empresa garantiza embolsarse alrededor de 15 millones de pesos. Parece que Zoé Robledo y la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, no están revisando con lupa este tipo de procesos y a los funcionarios involucrados.

El 15 de febrero tomará posesión la regia María Aurora Treviño García como nueva Delegada en Puebla, cortesía de la estrategia de la 4T para acabar con la corrupción y compadrazgos en el IMSS.

Twitter: @MarioMal Correo: 

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