A partir de un pago realizado en su administración a las empresas de Genaro García Luna, el gobierno federal y el gobierno de la CDMX abrieron investigaciones en contra del exjefe de Gobierno capitalino y actual senador de la República, Miguel Ángel Mancera. Las transferencias a la empresa Glac Security Consulting Technology Risk Management, propiedad del exsecretario de Seguridad preso en Estados Unidos, fueron detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y ya dieron pie a que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ordene una investigación a la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, en la que podría citarse a declarar a Mancera.
Los pagos, que están plenamente documentados por Hacienda, formaron parte de algunos contratos de asesoría que las empresas de seguridad de García Luna le brindaron al Gobierno de la CDMX en el sexenio pasado. Incluso, un exfuncionario de la administración mancerista, Joel Ortega, quien fuera director del Metro de 2012 a 2015 y renunciara en medio del escándalo de corrupción de la Línea 12, que fue el punto de ruptura total entre Mancera y su antecesor Marcelo Ebrard, era el vínculo entre el gobierno capitalino y Genaro García Luna, pues después de que salió del Metro, el exsecretario de Seguridad federal lo reclutó como su asesor y era quien se encargaba de operar los contratos con el gobierno de la ciudad.
Casi al mismo tiempo que Santiago Nieto daba a conocer los pagos del gobierno mancerista a una compañía de García Luna, se activaron también otros expedientes e indagatorias en contra de excolaboradores cercanos al líder de los senadores del PRD, entre ellos las acusaciones a Julio César Serna Chávez, exjefe de Gabinete de Miguel Ángel Mancera, por diversas irregularidades cometidas durante su gestión como director de la Central de Abastos. Ayer mismo se conoció que Serna, uno de los hombres más cercanos al exjefe de Gobierno, obtuvo la suspensión provisional de un Juez federal en contra de cualquier orden de captura que se pudiera girar en su contra, aunque el amparo no evitaría que fuera detenido si alguno de los delitos que le imputan ameritaran la prisión preventiva oficiosa.
Raymundo Collins, exdirector del Instituto de Vivienda en el sexenio mancerista, también ha sido acusado de actos de corrupción y de cobro de sobornos a empresarios durante su gestión de 2012 a 2018 y la Procuraduría General de Justicia ya libró una orden de aprehensión en su contra, ante lo cual también Collins, otro de los cercanos a Mancera, aunque antes lo fue también del ahora canciller Marcelo Ebrard, ha tramitado una solicitud de amparo ante la justicia federal.
Ha sido tal el embate contra el grupo mancerista, que hoy queda claro que al senador y coordinador de la reducida bancada del PRD parece habérsele acabado el periodo de gracia que le dieron en la 4T ante las irregularidades detectadas en varias áreas de su gestión como gobernante capitalino. Incluso en las cúpulas del Senado se maneja la versión de que a Mancera lo tuvieron en los últimos meses presionado y amenazado con activar investigaciones en contra de su administración y de sus colaboradores más cercanos si no aceptaba ciertas “indicaciones” de la mayoría morenista sobre la votación de ciertos temas en la cámara senatorial.
Mancera se había convertido incluso en un senador de oposición bastante moderado en sus críticas y sus posiciones contra el gobierno lopezobradorista y al parecer esa moderación y el hacer ciertos pactos con Morena, le habían valido hasta ahora para tener cierta tranquilidad sobre las amenazas de investigaciones que pendían en su contra.
Pero el caso García Luna parece haber sido el detonante para que no sólo se soltaran los sabuesos de la UIF a nivel federal, sino que finalmente le dieran “luz verde” a Claudia Sheinbaum para comenzar a activar una serie de expedientes que tenían ya armados en la PGJCDMX, pero que estaban “frenados por instrucciones superiores”. Nada le cae mejor en estos momentos a la jefa de Gobierno para evadir los cuestionamientos a su administración que las acusaciones de corrupción contra su antecesor.
Fuentes federales confirman que en estos momentos hay un “cerco” en torno a 12 gentes cercanas a Mancera sobre los que comenzarán a cerrarse investigaciones y ordenes de aprehensión entre los que se menciona no sólo a los dos hermanos Serna, sino también al exconsejero jurídico, Manuel Granados, entre otros varios.
Mancera y Andrés Manuel tenían una buena relación política y personal y la sobrellevaban a pesar de que el exjefe de Gobierno no quiso apoyar la formación de Morena, aunque nunca se afilió tampoco al PRD. Pero después de obtener el registro de Morena, en 2014, AMLO intentó hacer un mitin en el Zócalo el 20 de Noviembre de aquel año y pidió el permiso al gobierno de la ciudad; pero el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera se lo negó con el pretexto de que estaba muy fresco el conflicto de los maestros de la CNTE que se oponían a la reforma educativa y temían que aprovecharan la concentración morenista para intentar volver a tomar la Plaza de la Constitución.
Después se comentaría en el círculo cercano de López Obrador que en realidad Mancera se había negado a prestarles el Zócalo acatando “una orden” del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo que provocó que entre los morenistas y lopezobradoristas empezarán a referirse a él como un traidor y lo llamaran despectivamente “Mancerita”.
Así que si la temporada de caza comenzó y han soltado los perros, veremos hasta donde llega esta persecución contra Mancera y los manceristas, en la que son varios los actores del gabinete y de la 4T que se frotan las manos porque ven en esta cacería la posibilidad no sólo de mejorar su posicionamiento político, sino también de cobrarle antiguas facturas políticas y hasta personales al exjefe de Gobierno. El más importante, sin duda, se llama Marcelo Ebrard Casaubon, alguna vez padrino político de Mancera y hoy poderoso canciller del gobierno federal.
