El ambicioso proyecto del Tren Maya está condenado a quedarse sólo en una ilusión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Cada vez son más los elementos económicos, técnicos, sociales y políticos que dejan ver que la emblemática obra de la Cuarta Transformación no podrá materializarse; al menos no como se tenía planeado.

La resistencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) son la puntilla de lo que los números, las condiciones de los terrenos y las opiniones de los especialistas ya habían perfilado: que la ejecución de un circuito ferroviario, cuyo costo estimado sería de 120 mil millones de pesos, es prácticamente imposible.

Desde los tiempos en los que Josefa González Blanco estaba al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Luis Vera Morales despachaba como titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ya existía información, conocida por el presidente de la República, de que la vía de casi mil 500 kilómetros del Tren Maya no podría cerrarse.

Esto debido a las características del ecosistema en Chiapas, Tabasco y parte del territorio de Campeche y Quintana Roo, pues unos 390 kilómetros en dichas entidades son considerados como hábitats críticos que abarcan áreas con alto valor de biodiversidad, por lo que resulta complicado, costoso y hasta indebido alterarlas.

La ruta viable y con altas posibilidades de rentabilidad, le dijeron en ese entonces los colaboradores al presidente López Obrador, es la que inicia en Campeche, pasa por Yucatán y culmina en la parte norte de Quintana Roo.

Las recomendaciones llegaron al grado de solicitar al titular del Ejecutivo realizar el tren en dos etapas; esto como una especie de seguro político con el que, si la segunda parte no podía llevarse a cabo, no se vería como un proyecto fallido, sino inconcluso en todo caso.

A los comentarios del equipo de Andrés Manuel se sumaron llamados de expertos de instituciones como la UNAM, el Colegio de México y el ITAM, que en conjunto enviaron una misiva al Gobierno de México asegurando que “luego de todo el desastre ecológico de décadas pasadas en aras del desarrollo, no se puede emprender un proyecto de esta naturaleza, sin un estudio amplio de los impactos ecológicos, culturales y al patrimonio arqueológico, del que según evidencias hay posibles vestigios cubiertos por selva, de la misma importancia de lo que está a la vista”.

La carta, fechada en noviembre de 2018 y firmada por diversos académicos e investigadores, continuaba diciendo: “Creemos en la necesidad de resolver los problemas sociales y económicos que afectan a nuestro país. Pero también estamos convencidos de que el verdadero desarrollo y el progreso no pueden derivar de la destrucción de la naturaleza ni del atropello al respeto elemental de los derechos”.

No obstante, el máximo promotor del proyecto parece haber hecho oídos sordos a los múltiples comentarios sobre la inviabilidad de la ruta, por lo que, contrario a las recomendaciones, instruyó al titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, meter velocidad a los procedimientos para iniciar la construcción del Tren tal como él se lo había imaginado.

Los propios gobernadores de los cincos estados por los que está proyectada la ruta, y muy probablemente hasta las autoridades de los 84 municipios que tocará la obra, saben con claridad el futuro que tiene la vía férrea en sus territorios, pues mientras estados como Quintana Roo y Yucatán perfilan inversiones para infraestructura alterna, en Chiapas y Tabasco no saben aún cómo frenar el fenómeno de la invasión de terrenos.

La única justificación de un circuito Tren Maya en territorios de alta marginación era precisamente el bienestar y el desarrollo social, una premisa que a la luz del posicionamiento indígena y zapatista está en riesgo también de perder legitimidad.

Escore y D’Sazon: simulación e inhabilitación

La empresa Escore de David Reyes Arvizu, dedicada a procesar y entregar alimentos, acaba de ser inhabilitada por dos años y seis meses tras haber entregado documentación falsa y mentir en procesos de licitación para proveer alimentos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en centros de casa hogar y campamentos.

Además de la inhabilitación, Escore tendrá que pagar una multa de más de millón y medio de pesos. La inhabilitación fue publicada el pasado lunes 30 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación.

Esta acción es particularmente importante porque se da a unos meses de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido acusado de otorgar contratos en forma directa, sin licitación a otras empresas del mismo ramo, lo que despierta suspicacias respecto a la política de cero corrupción reiterada desde las conferencias mañanera del Presidente.

Por si fuera poco, Escore y D’Sazon Seguridad Alimentaria, otra empresa que ha sido inhabilitada, participan en las licitaciones simulando competencia. Ambas compañía se encuentran vinculadas a través de José Guerrero Alvarado.

Malas mañas en el ISSSTE

Y hablando de malas mañas, otra empresa con dudosa reputación se acaba de adjudicar un contrato de limpieza en el ISSSTE, que encabeza Luis Antonio Ramírez Pineda.

Se trata de la firma Grupo Relissa Servicios Corporativos a la que se le otorgó un contrato por 385.7 millones de pesos el pasado 27 de diciembre. Lo curioso del asunto es que esta se hizo al cierre del horario laboral en el ISSSTE. Y otra agravante más: la beneficiaria se presentó al concurso con un domicilio que está abandonado.

Grupo Relissa no había sido registrada como una de las empresas revisadas y autorizadas por Hacienda hasta el 2 de enero del presente año. Los jugadores del sector sospechan de la jefa de adquisiciones del ISSSTE, María Dolores Carranza Hernández, así como al jefe de Departamento de Contratación de Servicios Generales, Raúl Marmolejo.  

De ilegalidades y el Fonacot

El equipo de Alberto Ortiz Bolaños, director del Fonacot, tendría que explicar por qué opera el Fondo de Protección de Pagos mediante una bolsa de aportaciones comunal, tal como se observa en los reportes de pagos y reembolsos de los acreditados del instituto.

Y es que la promesa de dicho esquema era funcionar mediante cuentas individualizadas, por lo que al no hacerlo podría recibir, por lo menos, una llamada de atención por parte de la CNBV, de Adalberto Palma, Hacienda de Arturo Herrera y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de Ricardo Ochoa Rodríguez. Habrá que ver. 
 
@MarioMal
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