El gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una triada de funcionarios que se empeñan en destruir la confianza de los inversionistas en un sector que es el más estratégico para el crecimiento de México: el energético.

Encabezada por Rocío Nahle, la Secretaría de Energía nunca había sido tan mal manejada. No sólo por la política energética que tiene el único objetivo de revertir la reforma que se hizo al sector en el gobierno pasado, sino que lo ha hecho de la peor forma: vulnerando el Estado de derecho y las garantías de las empresas que han invertido en el país, muchas de capital extranjero, por lo que también pone en riesgo los acuerdos comerciales y las relaciones bilaterales de México con países como Estados Unidos, Canadá y con la Unión Europea.

Nahle se ostenta como ‘experta’ del sector energético, pero la realidad es que no tiene experiencia. Cinco años como supervisora en los complejos petroquímicos de Pajaritos y Cangrejera es lo único que puede presumir como experiencia. La realidad es que Nahle se ha dedicado a la grilla política, como diputada y senadora de Morena de la que se recuerda poco de sus iniciativas y propuestas; más bien, supo insertarse en el discurso antiempresarial de Andrés Manuel López Obrador en el sector energético y su ‘rescate’ malentendido de las empresas del Estado: Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el año y medio que lleva como secretaria de Energía, Nahle se ha encargado de poner de cabeza al sector con decisiones como la cancelación de las subastas eléctricas y las licitaciones de hidrocarburos; la revocación de los Certificados de Energías Limpias; la loca idea de construir una refinería multimillonaria en Tabasco; la negación de recortar la producción poniendo en riesgo un acuerdo con la OPEP, y más recientemente a través de una decreto para limitar la operación de proyectos de energías limpias y un nuevo acuerdo sobre la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

Sobre este último tema, los empresarios y las representaciones diplomáticas de Canadá y la Unión Europea ya levantaron la voz. El Consejo Coordinador Empresarial dijo que la Secretaría de Energía atenta contra la legalidad, el Estado de derecho, la libre competencia y el bienestar de los consumidores e hizo un llamado a revocar el Acuerdo de “Política de Confiabilidad” que ilegalmente impuso la dependencia que encabeza Nahle.

“Dicho acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos. Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares” acusó en un comunicado.

Por su parte, la Unión Europea (en nombre de 19 países) y el gobierno de Canadá enviaron dos cartas dirigidas a Rocío Nahle en las que solicitan una reunión para aclarar sus inquietudes sobre el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) publicado por el Centro Nacional de Control de Energía el pasado 29 de abril.

De esta manera, Nahle pone en riesgo la llegada de inversión privada (nacional y extranjera) no sólo al sector energético, sino a otros porque el mensaje que envía el gobierno federal es que en México no se respetan los acuerdos ni el Estado de derecho; y también podría desencadenar un problema con países con los que México tiene acuerdos comerciales, como los recientemente renegociados: el T-MEC y el TLCUEM.

Es difícil saber si todas las decisiones de Nahle pasan por el escritorio del Presidente, pero el hecho de que no las descalifique hacen pensar que tienen su venia, lo que sería aún más grave para la inversión privada.

Junto con Nahle, otro personaje tóxico para la Cuarta Transformación es el director de la CFE, Manuel Bartlett, un político radical que nada de experiencia tiene en el sector energético y que más bien ha brillado por las sospechas de corrupción y sus numerosas propiedades, así como por escándalos como el de los gasoductos. Bartlett y Nahle hablan el mismo idioma y son considerados dentro del mismo gabinete como funcionarios tóxicos.

Finalmente, completa la triada el director de Pemex, Octavio Romero, quien en tiempo récord hizo que Pemex perdiera el grado de inversión, poniendo en riesgo también el de México, y quien tampoco tiene idea del sector energético. Romero y Bartlett no responden a Nahle, sino al presidente, por lo que se considera que hay una secretaria de Energía, un secretario de Electricidad y un secretario de Hidrocarburos.

Juntos o separados, la triada Nahle-Bartlett-Romero está acabando con el sector energético… y con el país.


Fernando Aportela y Pedro Guillén, investigados

El exsubsecretario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Fernando Aportela, está siendo investigado por el gobierno actual; en particular por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiero de la Secretaría de Hacienda, entre otras cosas por su coparticipación en la compra fraudulenta de Fertinal.

Tras la salida de Luis Videgaray como secretario de Hacienda, Aportela también renunció y un año antes de terminar el sexenio (en septiembre 2017) abrió su propia consultoría “Altor Finanzas e Infraestructura”, desde la cual habría transferido recursos al despacho de Pedro Guillén Mariscal, quien está acusado de fraude por 5 millones de pesos.

Según información de las investigaciones, hay la sospecha de que Guillén habría lavado dinero y evadido sus responsabilidades fiscales a través de los complejos andamiajes que el brazo derecho de Videgaray creó y que ahora la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, tiene bien ubicados.

En junio del año pasado, el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, dijo que Videgaray, Aportela y Miguel Messmacher recomendaron al exdirector de Pemex comprar la cuestionada empresa Fertinal.

Pedro Guillén encabeza el despacho jurídico Corporativo GM Business Law Firm, y está marcado por la presente administración por interponer un amparo contra una acusación por defraudación fiscal por 5 millones de pesos, con lo que motivó una resolución de la Corte al determinar que no se pueden investigar cuentas bancarias sin previa autorización judicial.

Una historia de la que todavía hay mucho que contar.


Fonacot vs Secretaría del Trabajo

Todo parece indicar que el director del Instituto Fonacot, Alberto Ortiz Bolaños, le dobló las manos a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pues en el gabinete nadie se explica por qué permanece en su posición a pesar de que las presuntas anomalías cometidas durante su primer año de administración dejarían en riesgo a miles de trabajadores acreditados.

Resulta que además de no contar con las credenciales necesarias para estar al mando del organismo, aprobó el Fondo de Protección de Pagos (FPP) mientras violaba al menos una veintena de leyes y reglamentos, tal como expresa la auditoría interna 04/2019, la cual fue reservada durante cinco años.

Así, cercanos a Andrés Manuel López Obrador comentan que el mandatario está al tanto de la situación, sobre todo porque el contexto actual exige que sus instituciones tengan finanzas sanas, y expertos en la materia aseguran que dicho fondo no podrá hacer frente a la oleada de desempleo que azotará al país, la cual ya supera los 550 mil puestos; sin embargo, la batuta está en manos de Alcalde Luján, quien a la fecha no habría movido un dedo para poner orden y exigir cuentas claras sobre sus operaciones.

A esto se suma que la auditoría identificó alertas por posible malversación, opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos, ya que ni los Lineamientos ni las Reglas de Operación del FPP cuentan con cálculos técnicos específicos para establecer el pago de contraprestaciones a los servidores públicos encargados de su administración.

@MarioMal

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