Las investigaciones que llevan a cabo las autoridades de Estados Unidos en torno a Petróleos Mexicanos (Pemex) por los actos de corrupción que se habrían cometido desde las más altas esferas de la petrolera y del gobierno por parte de funcionarios cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto son el último aviso del país que gobierna Donald Trump al presidente Andrés Manuel López Obrador, según empresarios y fuentes cercanas al gobierno de la Cuarta Transformación.
El fin de semana, el diario The Wall Street Journal y la cadena Univisión publicaron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores investigan presuntos sobornos y otros actos de corrupción de directivos de la petrolera mexicana, tales como José Carlos Pacheco, exvicepresidente de la división de Perforación y Servicios de Pemex, y Luis Guaso Montoya, exsubdirector de Pemex Exploración y Producción.
No obstante, según lo publicado por EL UNIVERSAL este lunes, las investigaciones llegan a lo más alto de la petrolera: al exdirector general, Emilio Lozoya; a su director de Oficina, Froylán Gracia; al exdirector de Finanzas, Mario Beauregard, y al exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
El escándalo tiene como escenario principal una lucha de egos y de poder entre el hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, Gonzalo Gil White, cuya empresa Oro Negro peleó contratos ventajosos y a modo con Pemex, pero sin pagar sobornos —como sí lo hicieron otras empresas—, y Emilio Lozoya. Por esos tiempos Lozoya se sentía intocable e incluso más poderoso que el funcionario que fungía en los hechos como vicepresidente: Luis Videgaray, extitular de Hacienda y excanciller, quien terminó peleado con él y logró sacarlo del gabinete para colocar en su lugar a José Antonio González Anaya.
En esta columna contamos que a mediados de junio, desde Estados Unidos llegó un mensaje para el presidente Andrés Manuel López Obrador: en un plazo de 100 días se debería poner tras las rejas a un ‘pez gordo’ de la administración de Enrique Peña Nieto, de lo contrario la justicia de aquel país se encargaría de hacerlo.
El mensaje, entregado en medio de diversas peticiones sobre la crisis migratoria, fue recibido como un último llamado para que la definición de un responsable de los actos de corrupción del sexenio pasado se realice todavía desde Palacio Nacional, antes de que tan importante selección sea asumida por los fiscales federales estadounidenses.
Dicha presión explicaba el rumbo y los niveles que había tomado la defensa de Emilio Lozoya, en voz de su abogado Javier Coello Trejo, quien ante una inminente persecución hacia su cliente desde el gobierno de la Cuarta Transformación apuntó a la cabeza del hombre fuerte de la administración peñista: Luis Videgaray.
Coello Trejo involucró también a los exsubsecretarios Fernando Aportela y Miguel Messmacher, quienes supuestamente recomendaron al exdirector general de Pemex comprar la cuestionada empresa Fertinal. Ambos fueron elegidos y protegidos de Luis Videgaray.
En México, Emilio Lozoya ya es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, y también se habría convertido ya en testigo protegido de Estados Unidos.
Las grabaciones de exdirectivos de Pemex presentadas por los fundadores de la empresa contratista Oro Negro —quienes a su vez tienen órdenes de aprehensión giradas por un juez en México— al Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores, revelan mucho de lo que ya se sabía: que la mano de derecha de Lozoya, Froylán Gracia, cobraba decenas de miles de dólares por coordinar reuniones con el director general de la petrolera; que había toda una estructura para hacer ganar o perder a las empresas en las licitaciones de Pemex; que se pagaban sobornos a cambio de contratos; que muchos funcionarios relevantes del gobierno federal estaban involucrados, y que a través de Pemex presuntamente se habría financiado la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto: primero se reveló que fue mediante sobornos de Odebrecht, y ahora que el ex director de Pemex Exploración y Producción por cerca de 30 años, Carlos Morales Gil, pasó la charola a los contratistas para reunir cerca de 2 mil millones de pesos para la campaña. Sobre Morales Gil, ahora director de la petrolera de los Baillères, la segunda familia más rica de México, pesan más acusaciones que detallaremos en entregas posteriores.
Cobros irregulares sin regular. En breve una serie de quejas se acumularán en los escritorios de la Procuraduría de Defensa del Consumidor (Profeco), al mando de Ricardo Sheffield, en contra de la empresa Inntec Medios de Pago, S.A de C.V., y es que un grupo de usuarios se percató que les son cobrados “servicios de asistencia” sobre las tarjetas de vales que recibieron.
Así, y aunque se trata de un cargo no reconocido, la inconformidad no puede llegar a manos de la Condusef, órgano que se encuentra ahorcado en la materia, ya que no podría obligar a la empresa de Héctor Anaya a devolver el monto, pues no está dada de alta como una institución bancaria.
Por lo tanto, es necesario que la valera sea investigada por este caso, así como por una serie de acusaciones que involucran haber defraudado a organismos de la administración pública a nivel federal y estatal.
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