Un diputado en aprietos legales

10/07/2020
09:29
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El diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, quien busca una candidatura al gobierno de San Luis Potosí, trae a cuestas una acusación de evasión fiscal aún no resuelta por los órganos jurisdiccionales.

Aquí lo referimos en la versión digital de la entrega pasada, lo que dio lugar a que el exmilitante perredista y actual legislador por el Partido Verde, quien pretende amarrar una alianza con Morena para apuntalar su aspiración política, enviara un desmentido que, en atención a su derecho de réplica, se publicó integro ayer en la edición en línea de EL UNIVERSAL.

Aclaración concedida, satisfaremos ahora otra de sus peticiones: Hacer públicas, “como es regla del rigor periodístico”, dijo, pruebas de “la supuesta demanda de evasión”.

Esta historia se remonta a los primeros días de 2015. El 2 de enero de ese año, cuando acababa de pedir licencia como presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez para buscar la candidatura al gobierno de SLP, Gallardo Cardona fue detenido por la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR, acusado de delincuencia organizada y de desviar fondos a empresas de las que, se aseguraba, era accionista.

Fue internado en el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora y después trasladado al penal de Ocampo, Guanajuato. Estuvo preso casi un año hasta su excarcelación el 10 de diciembre de ese 2015 por faltas al debido proceso.

Periodistas que han dado cuenta de la historia reciente de SLP, entre otros Omar Niño, refieren que la vox populi aseguraba que su liberación se logró gracias al apoyo del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y su muy cercano ex delegado de la SCT en el estado, César García Coronado, apodado “El Rey del Moche”.

En septiembre de 2015, tres meses antes de que saliera de prisión, la SEIDO de la PGR, con el apoyo de la Procuraduría Fiscal de la Federación, inició contra Gallardo Corona, apodado “El Pollo”, la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/292/2014 ante la posible comisión del delito de defraudación fiscal equiparada. El 15 de enero de 2016 se presentó la querella correspondiente por no pagar poco más de nueve millones de pesos del ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, misma que fue ampliada por otros siete millones de pesos el 13 de noviembre de 2017.

La indagatoria fue consignada el 21 de noviembre de ese año ante el Juzgado Cuarto de Distrito de SLP el cual se declaró legalmente impedido para conocer la causa “por cuestión de sistema penal” (¿?) y declinó la competencia al Centro de Justicia Penal Federal de SLP, que también se declaró incompetente. Éste, sin embargo, fue declarado competente por el Tribunal Unitario del Noveno Circuito.

El 17 de octubre de 2019, el MP de la Federación emitió un decreto de no ejercicio de la acción penal que la Procuraduría Fiscal impugnó el 9 de enero de este año ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México que, a su vez, se declaró legalmente incompetente para conocer de ese recurso el 11 de febrero, porque el caso ya se había judicializado en el Centro de Justicia Penal Federal de SLP.

A partir de ahí se desató un conflicto competencial en cuyo debate la parte acusada ha argumentado la prescripción del delito, lo que dio lugar a que la Procuraduría Fiscal solicitara, como parte afectada, un amparo indirecto contra las disposiciones de los órganos jurisdiccionales, solicitud que fue hecha el pasado primero de julio al Tribunal Unitario del Noveno Circuito.

Toda esta historia viene referida en la solicitud de juicio de amparo indirecto, fechada primero de julio de 2020, que la Secretaría de Hacienda, a través de la Procuraduría Fiscal, envió al citado tribunal y que usted podrá consultar al final de la columna.

El Tribunal Unitario del Noveno Circuito turnó la solicitud otra vez al Juzgado Cuarto de Distrito que el tres de julio pasado volvió a declararse incompetente para atender el caso. Este acuerdo también lo puede consultar también al final de la columna.

El Tribunal Unitario deberá resolver en los próximos días el curso que dará a este asunto que, como se ve, sigue vigente.

El diputado Gallardo Corona sugiere en su carta aclaratoria que esta información es alentada por el clima electoral que se vive en SLP. Tiene razón: creemos que el ciudadano debe tener información fehaciente y suficiente para saber a quién favorecerá con su voto.

Instantáneas:

1. EL OTRO DUARTE. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, detenido el miércoles pasado en Miami, Florida, acusado de desvío de fondos y delitos electorales en México, tendrá hoy su primera audiencia ante el juez Lauren F. Louis del Distrito Sur de Florida. Lo hará vía remota debido a la pandemia de Covid19 e iniciará así su juicio de extradición a nuestro país. Además de las acusaciones de desvío de recursos públicos en su beneficio (un banco y al menos 50 propiedades confiscables entre ranchos e inmuebles), Duarte es señalado como pieza clave de la Operación Safiro (así con S), mediante la cual se desviaron al menos 246 millones de pesos de recursos públicos de Chihuahua, para el financiamiento de campañas políticas del PRI en las elecciones locales de 2016. El líder del PRI era Manlio Fabio Beltrones, quien aseguró entonces que el tricolor ganaría al menos nueve de las 12 gubernaturas en juego, pero acabó perdiendo siete, lo que lo llevó a renunciar a la dirigencia nacional priista. Su secretario general adjunto, Alejandro Gutiérrez, fue señalado como el operador de la referida maniobra que, por los resultados, claramente fracasó. Se le encarceló y hoy continúa su proceso en libertad, pero con medidas cautelares. Se busca probar que era el enlace con la secretaría de Hacienda que, al mando de Luis Videgaray, canalizaba los recursos que supuestamente iban a parar a las campañas políticas. Quien presuntamente hacía el trabajo desde Hacienda era Alfonso Isaac García Lozano, exjefe de la Unidad de Política y Control Presupuestal quien, apenas el pasado 21 de mayo, fue asesinado en su casa de Temixco, Morelos, aparentemente por un conflicto de carácter pasional. Además de Chihuahua, también estuvieron involucrados otros estados. De ello deben saber el gobernador de Durango, el panista José Rosas Aispuro y la gobernadora de Sonora, la priista Claudia Pavlovich. La búsqueda y persecución de Duarte Jáquez debe atribuirse al gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral. Sin duda lo ha animado un auténtico afán de justicia, aunque la compleja condición humana hace casi inevitable que en política y en otros asuntos, influyan pasiones como la venganza. Y esto viene a cuento porque Corral nunca olvidó aquel 22 de enero de 2015, cuando desde el estrado de la Comisión Permanente y después de un intercambio de provocaciones, Duarte Jáquez, en esos momentos gobernador, atribuyó al entonces senador panista vínculos con el narcotráfico al señalar que uno de sus hermanos había estado preso por ese delito en Estado Unidos. Corral lo consideró una canallada, pero tuvo que reconocer que en 2005 su hermano Raúl sí estuvo en prisión por ese delito.

2. COVID. Para las administraciones públicas federal, estatales y municipales ha sido un reto mantener eficientemente su operación y reorientación de recursos, en las difíciles circunstancias que les ha planteado la epidemia de Covid19. Donde parece que el trabajo ha dado buenos resultados es en el municipio de Querétaro, si nos atenemos a los resultados de una reciente encuesta que da al alcalde de esa localidad, Bernardo Nava, el tercer lugar en desempeño entre las ciudades más importantes del país. Y es que tan solo para la pandemia, el municipio de Querétaro entregó apoyos económicos sin compromiso de devolución a 15 mil familias que se quedaron sin empleo, además de que se firmó un convenio con cajas populares para crear una bolsa de 290 millones de pesos para las pymes y se instaló un albergue para personas sin hogar y en situación de calle.

3. LA GIRA. Hoy en la mañanera, AMLO dará cuenta de los resultados de su viaje a EUA y, probablemente, dé a conocer también el contenido de la respuesta de la carta diplomática enviada al gobierno de Washington por la cancillería mexicana solicitando toda la información disponible sobre la operación “Rápido y Furioso”. Quienes le apostaron al choque AMLO-Trump ahora exigen que se reconozca que a ningún presidente mexicano se le ha tratado mal en sus visitas al vecino del norte. Con base a ese argumento, ¿por qué le iba a ir mal a AMLO como vaticinaban? Los avezados en estas artes dicen que la política y la diplomacia son el arte de lo posible, no de lo deseable. Creo que la visita de AMLO estuvo bastante arriba de lo posible y un poco debajo de lo deseable. En cuanto a la respuesta sobre “Rápido y Furioso” es claro que si aquella introducción ilegal de armamento hubiera sido ordenada por el demócrata Barack Obama sin notificar al gobierno de México, Trump ya hubiera usado ese material a favor de su alicaída campaña por la reelección. Eso sugiere entonces que Felipe Calderón sí fue enterado. ¿Lo reconocerá? Si fue así ¿Por qué lo permitió?

SOLICITUD DE JUICIO DE AMPARO DIRECTO https://interactivo.eluniversal.com.mx/online/pdf-20/PDF-documento-confi...

SOLICITUD DEL TRIBUNAL UNITARIO DEL NOVENO CIRCUITO https://interactivo.eluniversal.com.mx/online/pdf-20/PDF-acuerdo.pdf

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Toda su vida profesional la ha dedicado al periodismo. Hace poco más de 40 años empezó como "hueso" (mensajero) en El Sol de México. Se enamoró desde entonces de las redacciones.

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