El 26 de diciembre, a la una de la mañana, un hombre solicitó el apoyo de elementos adscritos a la Policía Bancaria e Industrial. Denunció que una pareja le estaba robando objetos en un departamento ubicado en Xochicalco y San Borja, en la alcaldía de Benito Juárez. La pareja, dijo el denunciante, acababa de subir una pantalla de 42 pulgadas a un Honda City.

Nada del otro mundo en una alcaldía como Benito Juárez. Ahí, el robo a casa-habitación ha sido el flagelo que más golpea a los ciudadanos, especialmente en colonias como Narvarte, Del Valle, y Nápoles.

Apenas el 21 de diciembre, agentes de seguridad pública habían detenido en la calle Mitla a cuatro individuos que introducían en una Captiva diversos objetos que provenían de una casa recién saqueada.

Era la doceava banda dedicada al robo a casa-habitación que las autoridades de la alcaldía, en trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad capitalina, lograban detener en 2019. (Por desgracia, en ninguna otra alcaldía se ha logrado ese número de detenciones).

En todos los casos se trataba de grupos de entre cuatro y seis personas. En buena parte de las bandas había colombianos y venezolanos. En algunos casos, los delincuentes utilizaron mujeres para pasar inadvertidos entre los vecinos.

Benito Juárez es una alcaldía habitada en su mayor parte por personas que cumplen horarios de oficina y que están fuera de casa desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde.

Las bandas monitorean las calles, identifican las rutinas de los vecinos, levantan el registro de las cerraduras que tendrán que forzar. Cada golpe reditúa entre 150 mil y 200 mil pesos.

Era lo que se llevaba una banda que el 5 de noviembre de 2019 fue captada por cámaras de vigilancia mientras sacaba de un domicilio objetos envueltos en sábanas. El grupo fue detenido con pantallas, joyas, relojes, bocinas. Robaban, de preferencia, casas situadas en la colonia del Valle. Echaban mano de un dispositivo que ocultaba las placas vehiculares.

Era la misma técnica que el 24 de mayo habían empleado en la calle Monte Albán los cinco asaltantes de un domicilio. La dueña de la casa volvía de trabajar y notó movimiento dentro del inmueble. Reportó por teléfono el robo en proceso. La policía detuvo dentro de un Mazda a un hombre que fungía de “muro”. Adentro, los otros cuatro cómplices cargaban con todo lo de valor: dólares, pesos mexicanos, joyas, tabletas, videojuegos, pantallas. Se aprestaban a llevarse incluso una motoneta.

Los detenidos del 26 diciembre parecían andar en algo más gordo. Eran un hombre y una mujer. Se identificaron como Fernando Méndez Brenda Sánchez.  Ella tenía, sin embargo, un pasaporte a nombre de Josefina Burgos. Había sido expedido en la entonces delegación Benito Juárez, el 15 de febrero de 2017.

Tenía también una credencial del INE a nombre de Hilda Yolanda Esparza González, con domicilio en la colonia Tabacalera, y otra a más a nombre de Brenda Iseult Sánchez Esparza, con domicilio en la Unidad Tlatelolco.

Por si fuera poco, le hallaron una licencia de conducir, expedida en 2017, a nombre de Josefina Burgos Araujo. Este último documento estaba firmado por el entonces secretario de transporte y vialidad, Rufino H. León Tovar, así como por el entonces director general de regulación al transporte, Germán Lizárraga.

El hombre detenido aquella noche tenía en su poder un pasaporte expedido el 11 de junio de 2019 a nombre de Edgar Eduardo Cruz Flores. Había sido expedido en Benito Juárez.

Tenía, también, dos licencias: una a nombre de Mauro Guadalupe Martínez Junco, firmada por el secretario de Movilidad de la administración anterior, Carlos A. Meneses Flores (fechada, sin embargo, el 22 de febrero de 2019), y otra a nombre de Tito Cayetano Valencia (expedida supuestamente el mismo día, y firmada por el mismo exfuncionario).

Además de estos documentos, la pareja tenía 14 chips telefónicos y 13 tarjetas de crédito y débito, la mayoría expedidas por Santander.

Se identificó que uno de los pasaportes que mostraban el rostro de Brenda Sánchez pertenecía, en realidad, a una mujer con domicilio en la Unidad CTM Aragón.

¿Quiénes eran en realidad los detenidos de Xochicalco San Borja? ¿De dónde salieron esos documentos? ¿Qué autoridades los entregaron? ¿Quién los falsificó? ¿Para qué eran empleados? ¿Qué uso se les dio a los chips, a las tarjetas?

Detrás de estas preguntas hay algo que por fuerza explica lo que se vive hoy en Benito Juárez y en la ciudad.

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