17 / octubre / 2021 | 05:10 hrs.

Un Presidente que no escucha a su gabinete

Mario Maldonado

Cuando Andrés Manuel López Obrador comenzó a integrar su gabinete, el año pasado durante la campaña electoral, ‘invitó’ a sus incondicionales –los que nunca le dirían que no a nada– y a viejos amigos y conocidos que comulgaban con su movimiento.

Decir que los ‘invitó’ es precisamente eso: un decir. A la mayoría los designó, incluso contra su voluntad. Es el caso de Alfonso Romo, actual jefe de la Oficina de la Presidencia y enlace con empresarios, quien sabía que sus negocios, lejos de beneficiarse con un puesto en el gobierno, se podrían ver acotados por los posibles conflictos de interés. “Yo la verdad no quería, le dije que no al principio”, me dijo Romo en junio del año pasado. “Voy a tener que renunciar a mis negocios”.

Así como Romo, Carlos UrzúaArturo HerreraOlga Sánchez CorderoEsteban MoctezumaSimón Levy, Marcelo Ebrard Julio Scherer pensaron dos veces integrarse al gabinete. Unos, porque no querían ser ninguneados, como ya ha sucedido en Hacienda, y otros porque sabían que su exposición les podría costar caro; por un lado, en la continuidad de sus actividades privadas, y por otro en su estilo de vida: con excepción de Urzúa y Herrera, el resto de los ahora funcionarios públicos está lejos de tener una vida austera como la que promueve la Cuarta Transformación.

A este grupo de integrantes del gabinete se les considera los moderados por diferentes razones, las cuales, paradójicamente, son las mismas que los mantienen distantes del Presidente, a pesar de que algunos despachan en la misma sede de Palacio Nacional. La mayoría de ellos tienen estrechas relaciones con los funcionarios de las administraciones anteriores y no ven con buenos ojos muchas medidas que se tomaron o planean llevarse a cabo durante la nueva administración.

Cuatro de estas acciones, muy claras, son: la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la construcción de la refinería en Dos Bocas, las políticas de austeridad, así como el veto y escarnio público –sin fundamento legal– a empresas que no “quieren alinearse” con la Cuarta Transformación. Por ejemplo, las distribuidoras de medicamentos, los consorcios gasolineros, las mineras y las constructoras.

Otras razones por las que estos integrantes del gabinete no le hablan al oído al Presidente ni tienen la misma injerencia que los radicales, incondicionales de AMLO, es que comulgan con el modelo económico neoliberal que el Presidente decidió abolir de facto. Urzúa y Romo, por ejemplo, presentaron un paquete económico 2019 y un Plan Nacional de Desarrollo –que no es el que modificó a su antojo la Presidencia– muy apegado a los preceptos económicos de los gobiernos anteriores.

Romo es gran amigo de muchos empresarios, pero sobre todo de su exsocio Pedro Aspe, uno de los padres de la tecnocracia neoliberal mexicana. Olga Sánchez Cordero, la poderosa ministra en retiro, tiene más amigos y conocidos –y clientes en las notarías de su familia– de los gobiernos pasados que del actual, mientras que Esteban Moctezuma viene de trabajar con unos de los empresarios más ricos y neoliberales del país, Ricardo Salinas Pliego.

Ebrard y Levy se codean con la crema y nata empresarial y si pudieran –Levy ya puede y Ebrard estuvo exiliado casi seis años– vivirían en el exterior. En tanto que Julio Scherer se ha dado cuenta que la administración pública es más desgastante de lo que pensaba.

Del otro extremo del gabinete, están los más radicales e incondicionales de AMLO. Rocío NahleOctavio RomeroManuel BartlettJavier Jiménez EspriúLuisa María Alcalde y Miguel Torruco, por mencionar a algunos. Ellos nunca le dirían que no al Presidente y ha quedado claro, porque desde el Ejecutivo se dictan las políticas en Energía, Comunicaciones y Transportes, Turismo y Laboral.

Uno de los moderados del gabinete lo dice con todas sus letras: la política de austeridad está causando dificultades operativas, la refinería y el aeropuerto son proyectos que no tienen viabilidad y la decisión de vetar empresas sin fundamento jurídico pone en duda el tan necesario Estado de derecho para atraer inversión.

La historia de un Presidente que no escucha a su gabinete.
 
¿Revés de la Corte a nuevo etiquetado?

Hoy, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se perfila para rechazar el amparo que promovió la asociación El Poder del Consumidor, que tenía el objetivo de impulsar un cambio en la regulación sobre cómo se deben de etiquetar los alimentos y bebidas de venta masiva en el país.

Esta organización ha impulsado en el Senado y en la Cámara de Diputados al menos 11 iniciativas de ley que buscan regular el etiquetado de alimentos y bebidas en el país, con el objetivo de incidir en la dieta de los mexicanos y así intentar combatir la obesidad, el sobrepeso y la diabetes.

Los esfuerzos de El Poder del Consumidor en la Corte, a través de la NOM-051, y en el Congreso, buscan impulsar el sistema de etiquetado conocido como el ‘modelo chileno’, el cual define umbrales para cuatro nutrimentos: energía, azúcares totales, grasas saturadas y sodio. Si el umbral se excede, entonces se coloca un octágono por cada nutrimento al frente del empaque de dicho alimento.

Dicho modelo ha sido criticado, principalmente porque beneficia a la industria refresquera, ya que estas bebidas sólo se marcan con un octágono, el del azúcar, y en el caso de las versiones light, no se marcan, a pesar del nulo valor nutrimental de estas. Este modelo equipara nutrimentalmente una botella de agua o de leche con un refresco light.

Una muestra es que tras la implementación de este modelo, Chile pasó del octavo al segundo lugar en niveles de obesidad de los países de la OCDE, sólo detrás de Estados Unidos. Es decir, que no funcionó para disminuir la obesidad.
 
Caso de limpieza llega a ASF

Hace tres meses llegó al Órgano Interno de Control (OIC) del INAI una denuncia en la que se destapa la supuesta falsificación de documentos en que habrían incurrido un grupo de firmas para cubrir los requisitos necesarios y así poder participar en la licitación LA-006HHE001-E131-2018.

De acuerdo con la Asociación Sindical de Obreros y Empleados del Mantenimiento, Conservación, Limpieza, Seguridad y Servicios Generales Similares y Conexos de la República Mexicana, se encontraba en juego el servicio de limpieza en el instituto que encabeza Francisco Javier Acuña, cuando  Decoaro y Supervision, Molt Net, Green Mamba Services y Cervica Tex mintieron bajo protesta de decir verdad.

Así, ante la desatención del OIC y aún más de la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, ahora el caso llegó hasta manos del titular de la Auditoría Superior de la Federación, Rogelio Colmenares.
 
@MarioMal
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