La mañana del lunes, Carlos Urzúa se despertó con la noticia de que la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda tendría más atribuciones dentro de la dependencia. Muchas más. Y por designación presidencial.

Al exsecretario de Hacienda le hicieron llegar un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en el que se delegaba a la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, la facultad de promover, diseñar, elaborar, celebrar, suscribir y administrar los contratos marco con entidades y dependencias, facultad que tenía antes la Secretaría de la Función Pública.

“Se establece que con la finalidad de procurar la mejor organización del trabajo y agilizar el despacho de los asuntos competencia de esta secretaría es necesario delegar en favor del Oficial Mayor las facultades que se indican, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:”.

Artículo primero.— Se delega en el Oficial Mayor la facultad de promover, diseñar, elaborar, celebrar, suscribir y administrar los contratos marco, en términos de los artículos 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 14 de su Reglamento, y para establecer los lineamientos para coordinar dicho procedimiento.

Artículo segundo.— El Oficial Mayor podrá auxiliarse de los servidores públicos adscritos a dicha unidad administrativa, que para tal efecto designe por oficio, a fin de ejercer las facultades que se le delegan en el artículo anterior, con excepción de la suscripción de los contratos marco.

Fue la gota que derramó el vaso para el ahora exsecretario de Hacienda. Por un lado, la acusación previa que hizo el extitular del IMSS, Germán Martínez, en una carta casi igual de estridente que la de Urzúa sobre la Oficial Mayor, a quien acusó de tener una “injerencia perniciosa y poner en riesgo la prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social”.

Este lunes, Urzúa habría tronado contra el Presidente, quien en ocasiones pasadas lo había desacreditado públicamente, lo que, para un hombre de mecha corta como él, era decir mucho. La delegación obligada de funciones en favor de Raquel Buenrostro puso fúrico a Urzúa y, según cuentan sus cercanos, fue el mismo lunes cuando redactó su carta de renuncia, la cual no enteró a nadie hasta que se publicó ayer a las 11:15 de la mañana en su cuenta de Twitter para sorpresa de todos, incluido el presidente López Obrador.

Como expusimos ayer en la columna exprés, Urzúa se enfrentó más de una vez con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, por su intenso cabildeo para nombrar a los directivos de la banca de desarrollo y del Sistema de Administración Tributaria.

Cuando en su carta Urzúa se refiere a “personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”, el destinatario de ese mensaje es Alfonso Romo, quien mediante ejecutivos de su casa de bolsa Vector se dedicó a buscar a los funcionarios que colocaría en todos los niveles de la banca de desarrollo.

De hecho, fue el director nacional de Promoción de Vector, Javier Gómez Cruz, quien extendió personalmente invitaciones para ocupar una cartera dentro de la nueva administración federal.

Y, a Rocío Nahle y Manuel Bartlett, los dos ‘rebeldes’ del sector energético, les dedicó la frase de que “se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”, pues con sus declaraciones y decisiones han puesto a temblar a los inversionistas y han arriesgado la calificación de deuda de Pemex, de la CFE y del propio gobierno federal.

Un lunes de furia para Urzúa. Un martes de terror para México.

Corte fallaría a favor de Slim. Este miércoles, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionará sobre el proyecto relacionado al denominado “efecto club” que le impide a Telcel, la empresa de Carlos Slim, fijar tarifas o condiciones diferenciadas en todos los servicios que viajen dentro de su red, es decir las llamadas tarifas ‘on-net’.

La votación, prevista para la semana pasada, se aplazó para hoy, antes de que los ministros se vayan de vacaciones. Cuando se sesiona sobre temas polémicos, a la primera sala del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Menale gusta someter a votación los casos e irse de vacaciones.

Las apuestas están tres a dos. Tres votos a favor de lo que pide Slim: que sea el IFT y no el Congreso de la Unión el que tenga la facultad de fijar y regular las tarifas. Los tres votos a favor provendrían de los ministros Jorge Mario PardoLuis María Aguilar y del propio Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

El cabildeo del agente económico preponderante ha sido muy fuerte, parecido al de 2017, cuando América Móvil ganó la partida sobre la tarifa cero.

Otra opción sería que la Primera Sala dé un plazo para que siga vigente la regulación como está actualmente, mientras que el IFT decide qué hacer con ambos temas: el efecto club y el registro de tarifas.

Vale la pena recordar que Gabriel Contreras, el actual presidente del IFT, dejará su encargo en febrero de 2020, por lo que tampoco querría pelearse con el magnate Carlos Slim.

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