Antes de que acabe noviembre se prevé que sea anunciado el segundo paquete de inversiones privadas en infraestructura. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es el que ha estado hilando fino con los duros del gabinete, quienes llevan las riendas de la política energética —Rocío Nahle, Manuel Bartlett y Octavio Romero—, para que se abran nuevos proyectos en hidrocarburos y electricidad a los empresarios.
A inicios de octubre se dio a conocer un primer paquete de inversiones que no emocionó a nadie: 32 proyectos en las áreas de comunicaciones, energía, agua y medioambiente que, junto con siete que ya estaban en ejecución, suman 39 obras acordadas cuya inversión se estimó en 297 mil 334 millones de pesos en inversión y la generación de 185 mil empleos.
En la segunda fase del anuncio de inversión en infraestructura, en la que también ha estado metido el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, se anticipan otros 300 mil millones de pesos, muy lejos de lo que se requiere para reactivar la economía mediante el sector más estratégico de todos. Sin embargo, como ya está siendo costumbre entre los empresarios, se impone la consigna de que “peor es nada”, por lo que pese a todo se ve como una bocanada de oxígeno para las decenas de empresas contratistas de la industria que están a punto de quebrar por la falta de pagos de Pemex.
La mayor parte de las inversiones será para nuevos contratos de servicios con Pemex vía adjudicaciones directas, con el fin de incrementar la producción a un millón 857 mil de barriles diarios, como se propuso en el Paquete Económico 2021 por parte de Hacienda.
Los nuevos campos aportarían 180 mil barriles diarios y el resto un millón 506 mil, de los cuales la mayoría serán marinos y otro tanto terrestres.
Los contratos están enfocados en Veracruz, en el proyecto Los Soldados; en Nuevo León, para gas y condensado (proyectos Cuitláhuac y Comitas); en el Golfo de México, aceite y gas (proyecto Ayin); y en Chiapas y Tabasco (aceite y gas) en el proyecto Giraldas, entre otros.
En Hacienda quien está arrastrando el lápiz junto con los empresarios es Jorge Nuño, jefe de la Unidad de Inversiones, quien fue designado para hacer cuadrar las nuevas inversiones a la política económica del gobierno, la cual busca detonar el crecimiento de estados históricamente marginados, como Chiapas y Tabasco, las dos entidades afectadas por las lluvias y el desfogue de la presa Peñitas, lo cual ocasionó el desbordamiento de los ríos aledaños.
Los 300 mil millones de pesos que tienen como piso para hacer el anuncio en las próximas semanas se quedan muy cortos a lo que originalmente plantearon los empresarios, que era una inyección de por lo menos 859 mil millones de pesos en el sector energético.
“Tiene que ser una inversión importante, por lo estratégico del sector y por las expectativas que se han creado”, decía el enlace de AMLO como los empresarios, Alfonso Romo.
Originalmente la IP tenía identificadas oportunidades dentro del sector energético que detonarían inversiones hasta por 100 mil millones de dólares en por lo menos 137 proyectos, los cuales abarcan a la cadena de gas, petróleo, energía eléctrica y renovables.
El problema ha sido la intransigencia de no querer mantener abierta la industria a la inversión privada por parte de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, a la que se le han sumado el director de la CFE, Manuel Bartlett, y el director de Pemex, Octavio Romero.
Una sorpresa positiva sería que en el anuncio se diera a conocer algún nuevo farmout, es decir una asociación estratégica de Pemex con una empresa privada, conforme a los recientes dichos de Nahle en torno a que sí lo consideraría si los proyectos son ‘factibles’.
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