Bruselas.— La ilusión de albergar el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá plantea una serie de riesgos en materia de seguridad y protección a las garantías individuales en los países anfitriones, sostiene un estudio de la firma británica Ergon.
“Durante un evento como este [Mundial], con tantos ojos puestos en las naciones anfitrionas, es fácil pasar por alto las implicaciones de los derechos humanos para quienes viajan para participar, como jugadores, miembros del equipo, funcionarios o espectadores. Sin embargo, los posibles impactos en sus derechos humanos son significativos”, advierte la organización.
El reporte analiza los derechos humanos en el contexto de la eventual celebración de la Copa del Mundo en estos tres países y acompaña la documentación entregada en marzo a la FIFA para el análisis de la candidatura. Este organismo puso entre los requisitos, añadir a la oferta un estudio independiente que considere los impactos adversos sobre los derechos humanos y el eventual legado del evento en la materia.
Ergon es una compañía fundada en Londres en 2005, especializada en el ámbito de los negocios, los derechos humanos y laborales, y entre sus clientes figuran la Comisión Europea, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo y Apple.
El documento sostiene que muchos de los riesgos identificados “se derivan de deficiencias en la implementación de las normas legales o de factores contextuales o locales”.
En el caso particular de México, preocupa la integridad de los periodistas y defensores de derechos humanos cuando existen “muestras significativas de amenazas verbales, físicas y violentas, incluyendo el asesinato, por sus actividades. Este riesgo sólo será amplificado en el contexto de una Copa del Mundo de la FIFA”.
Igualmente inquieta el problema del acoso a la mujer: “Una encuesta de ONU sostiene que la mayoría de las mujeres en la Ciudad de México han experimentado algún tipo de violencia sexual (incluido el acoso verbal y el contacto físico no deseado), en sus viajes diarios, lo que plantea problemas en relación con la seguridad de las trabajadoras, las espectadoras y aficionadas”.
El documento resalta la falta de justicia pronta y expedita, así como los impedimentos para tener acceso a remedios adecuados y oportunos ante denuncias de abuso y mala conducta policial.
En cuanto a la violencia relacionada a la guerra contra las drogas, sostiene que aunque “es más frecuente” fuera de las tres ciudades que podrían ser sede, recomienda cautela ante la posible evolución y eventual impacto en materia de seguridad pública.
Entre las recomendaciones emitidas destaca estrechar la cooperación entre ciudades anfitrionas y las partes interesadas locales, nacionales e internacionales, para hacer del compromiso por el respeto a los derechos humanos una oportunidad real para promover el cambio y no sólo un mero objetivo lejano.