La mañana del tres de enero del año 2017 los potosinos y los mexicanos en general fueron sorprendidos con el anuncio de la armadora estadounidense, Ford, de retirar su ambicioso proyecto de construir una nueva armadora en el corazón del país, en el estado potosino.
En abril de 2015, Ford anunció una inversión de 2 mil 500 millones de dólares para ampliar sus operaciones en México. De los cuales mil 600 millones de dólares serían para la nueva planta en San Luis Potosí, la cual generaría dos mil 800 empleos.
De acuerdo a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, la llegada de la armadora costaría a las arcas estatales poco más de mil millones de pesos, la administración como incentivos a la empresa además de otorgar 280 hectáreas de terreno para el complejo industrial (60 donación del municipio de Villa de Reyes), donaría por diez años del impuesto sobre nómina y del predial, así como la simplificación en trámites en licencias de construcción y uso de suelo.
Tras el proceso electoral que benefició al hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y las amenazas de la imposición de aranceles a los autos fabricados por la compañía; la armadora anunció la cancelación de la inversión de los mil 600 millones de dólares que pretendía hacer en México, y que en cambio invertiría en el estado norteamericano de Michigan 700 millones de dólares.
El gobierno del estado por su parte, aseguró que la noticia no traería grandes repercusiones para el crecimiento del estado, ya que seguía en pie la llegada de BMW, y la operación de GM ya en territorio potosino; así como se aseguraba concluir la relación en los mejores términos. La marca cumpliría en cubrir el costo de los trabajos generados hasta la fecha, y es que el terreno presentaba significativos avances en infraestructura para la operación de un complejo de esta talla.
A dos años de que Ford declinó por instalarse en San Luis Potosí, el terreno sigue disponible, a la espera de que la inversión idónea que signifique el mismo o mayor impacto que el que traería Ford, sea confirmada.
En julio del mismo 2017, el terreno pasó a ser posesión del gobierno del estado. Y es que, aunque más de una empresa han levantado la mano interesadas en ocupar el terreno, no obstante, al ser de distinto giro al planteado originalmente para el lugar, se les ha direccionando a otro espacio con las características que estas importantes inversiones requieren.
Durante estos dos años se ha especulado sobre que este espacio podría ser ocupado por Mitsubishi y posteriormente por la armadora BAIC, sin embargo, ambas versiones han sido rechazadas por la SEDECP. La misma dependencia se mantiene en la promoción de este importante terreno y en palabras del titular, Gustavo Puente Orozco, este proceso se realiza con toda la cautela necesaria, ya que se pretende sea una inversión importante y esto implica hasta tres años para que las grandes compañías se decidan.
El terreno tiene un valor comercial de mil 600 millones de pesos, y cuenta con una gran capacidad en infraestructura y condiciones logísticas únicas, lo cual resulta altamente atractivo para las empresas.
apl
