Luego de que el Ayuntamiento municipal hiciera público un documento el pasado 14 diciembre donde la Contraloría municipal inhabilitó por cinco años a la constructora Concrecer S.A de C.V sin precisar los motivos que derivaron esta sanción, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) confirmó que la empresa es una afiliada de la organización y el contratista tiene derecho a defenderse ante una Comisión de Honor y Justicia para argumentar y entender qué fue lo que sucedió, informó Juan Manuel Pérez Herrera presidente de la delegación en San Luis Potosí.
“Primero habrá que revisar qué sucede, la empresa tiene derecho a defenderse” explicó el líder de CMIC quien además detalló que la constructora involucrada se encuentra en la etapa donde debe entregar pruebas o testimonios ante la instancia de Honor y Justicia para tener la oportunidad de revertir la sanción que se le impuso desde gobierno, así como salir exonerada favorablemente entre el gremio.
Pérez Herrera precisó que por el momento la CMIC no puede fijar una postura a favor o en contra ya que no tienen claro cuáles fueron las causas de la inhabilitación de su afiliada “el problema es que se avala a las empresas que están afiliadas y se tiene que conocer el asunto para poder tomar una postura”.
Sin embargo la CMIC espera que el proceso de apelación salga favorable, ya que esta situación tienen un impacto en la reputación de la organización “afecta porque puede decirse que todos los miembros cometer algún desvío o error” puntualizó.
Por otro lado en caso de que no se rectifique el fallo la Cámara respetará la decisión impuesta por el Ayuntamiento “no es sano que esto suceda con uno de nuestros afiliados pero también debemos entender que sí se cometió algo estaremos de acuerdo con la sanción”
Dicha empresa era habitual participante en licitaciones y contratos de obra para carreteras como la mayoría de los afiliados explicó el delegado de la Cámara de la construcción.
Esta sanción se hizo pública el pasado 14 de diciembre, en el documento expuesto se detalló que el proceso administrativo comenzó desde el pasado 18 de julio del presente año, pero fue hasta diciembre cuando se decidió que el contratista ya no podría trabajar de manera directa o indirecta con instancias municipales y estatales por los siguientes cinco años