Espantados por el recorte en sueldos y la posible eliminación de la pensión que se avecinan, funcionarios del Banco de México (Banxico) están adelantando su jubilación. La decisión es con el fin de evitar que su pensión se vea afectada por un posible plan de ajuste que pueda implementar el banco central, en línea con el programa de austeridad republicana del próximo gobierno.
De no adelantar su jubilación, los empleados del Banxico que están próximos a cumplir los requisitos, se pueden ver afectados ante un eventual cambio en las condiciones laborales de la institución, lo que puede incluir una disminución de los sueldos y salarios e incluso quitar la pensión.
Fuentes del banco central confirmaron que el retiro anticipado se está dando sobre todo en los mandos altos, porque son los que tienen una larga trayectoria y los que han acumulado experiencia y talento en la institución encargada de la política monetaria.
De acuerdo con el esquema de jubilación del Banco de México, un empleado tiene este derecho si acumula 90 años, sumando su edad y los años trabajados en el instituto central.
Cartas de despedida
Quien fuera director general de Estabilidad Financiera, Pascual O’Dogherty Madrazo, con 60 años de edad y 30 laborando en el banco central, fue uno de los que tomó la decisión de anticipar su retiro.
O’Dogherty, además del cargo que tenía en el Banxico, se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), que preside el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en el cual participan el gobernador central y dos subgobernadores.
El CESF, se creó en 2010 a raíz de la crisis financiera de 2008 después de la quiebra de Lehman Brothers.
Es decir, se está retirando el capital humano de mayor rango y valor curricular del banco central, mientras que las nuevas generaciones, que se están formando en Banxico, viven con incertidumbre sobre el futuro laboral en sueldos y prestaciones que pueden perder.
Empleados del banco central entrevistados aseguraron que existe preocupación por el plan de ajuste que vaya a implementarse en respuesta a la ley para que nadie gane más que el Presidente.
Todos los días los colaboradores se encuentran con la noticia de cartas de despedida que llegan a los correos electrónicos institucionales anunciando su retiro con el respectivo mensaje de agradecimiento.
La decisión que tomó O’Dogherty es un caso de varios, porque se estima que alrededor de 200 servidores de esa institución están buscando nuevos horizontes en el sector privado e incluso en el extranjero, no por jubilación, sino para tener una mejor oportunidad de trabajo ante los cambios que se avecinan.
La nueva ley
En la minuta de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se adiciona el Código Penal Federal, que fue aprobada en la Cámara de Diputados el jueves 13 de septiembre pasado, se incluye como funcionarios que no pueden ganar más que el Presidente, a los de órganos que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia, es decir, como el Banco de México y el Inegi.
Con la incertidumbre que prevalecía antes de que se aprobara dicha ley, cada quién evaluó que era mejor retirarse antes y no después con una pensión más baja como efecto de las eventuales medidas de austeridad.
La nueva ley, que pone un tope de 108 mil pesos al mes para todos los funcionarios, incluyendo Banxico, fue turnada al Ejecutivo y entrará en vigor un día después de que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.
En el artículo séptimo referente a la presupuestación de las remuneraciones, se establece que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se deberá determinar la remuneración ordinaria y extraordinaria de los servidores públicos del Banco de México.
Es decir, que por primera vez en la historia del banco central tendrá que hacer una propuesta para el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación sobre los sueldos de sus servidores, con lo cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dejará de ser la responsable de determinarlos como lo hace actualmente para los miembros de la Junta
de Gobierno.
En materia de pensiones, la ley dice que sólo tendrán derecho cuando se trata de un compromiso adquirido como parte de un contrato colectivo o las condiciones de trabajo lo permitan.