La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en San Luis Potosí, Imelda Elizalde, consideró que el tema de la Ley de Amparo continúa siendo un asunto prioritario en el país, especialmente por la polémica generada en torno a la retroactividad, que dijo permanece detenida por ahora, lo que permite mantener el diálogo y análisis sobre sus implicaciones.
“El punto más delicado es la retroactividad. Afortunadamente, este apartado quedó en suspenso y eso nos da margen para seguir trabajando en el diseño de la ley. No podemos perder de vista que esta legislación es un mecanismo de protección frente a cualquier posible arbitrariedad, tanto de las instituciones públicas como en las relaciones con las empresas”, afirmó la dirigente empresarial.
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Elizalde subrayó que cualquier modificación constitucional impacta directamente a la ciudadanía, por lo que los industriales deben mantenerse atentos a los avances en el Congreso.
“Es una ley que toca la relación entre los ciudadanos, las empresas y las autoridades. Por eso, su análisis debe hacerse con responsabilidad y sin retrocesos en materia de derechos”, puntualizó.
Por otra parte, la líder empresarial abordó el tema de la Ley de Ingresos y el reciente ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que afecta a sectores como el alimenticio y el de bebidas. Aseguró que este tipo de medidas deben evaluarse más allá del enfoque recaudatorio, considerando el impacto social y económico que generan.
“Estamos convencidos de que la recaudación es necesaria, pero debe verse como un incentivo para mejorar la salud pública y no como un castigo fiscal. Las industrias alimentarias cumplen con estrictos controles de calidad y sostenibilidad; lo que necesitamos es revisar el diseño de los impuestos para no frenar la productividad ni comprometer empleos”, explicó.
Elizalde adelantó que en dos semanas Canacintra sostendrá una reunión nacional en la Ciudad de México con legisladores federales y representantes del sector industrial, con el objetivo de discutir propuestas para ajustar el marco tributario y encontrar alternativas que equilibren la recaudación con la competitividad empresarial.
“Ya estamos coordinando una agenda con diputados locales y federales para proponer soluciones viables. En San Luis hay empresas globales del sector alimenticio que deben participar en este diálogo, porque su operación impacta directamente en la economía nacional”, detalló.
Finalmente, Elizalde insistió en que el país necesita políticas fiscales y legales que fortalezcan la confianza entre los sectores productivos y el gobierno.
“La clave es generar bienestar sin poner en riesgo la planta productiva. Una buena ley no debe obstaculizar, sino incentivar el desarrollo, la salud y la competitividad de México”, concluyó.