La inseguridad registrada el fin de semana pasado en diversas carreteras tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encendió las alertas en el sector industrial.

Imelda Elizalde, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), señaló que los organismos empresariales están solicitando información precisa sobre el impacto real que dejó la paralización derivada de los hechos de violencia.

Explicó que corresponde a las instancias de seguridad pública dar a conocer datos claros sobre lo sucedido.

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Mientras tanto, el sector que representa ha comenzado a realizar mesas de diálogo con el objetivo de recabar información concreta y respaldada por cifras que permitan dimensionar la afectación económica.

Elizalde subrayó que las pérdidas no se limitan a los daños materiales visibles, como unidades incendiadas o centros de desarrollo afectados, sino que también incluyen el freno en los traslados de mercancías y materias primas.

Esta situación, dijo, obligó incluso a detener operaciones en algunas plantas ante la imposibilidad de recibir insumos.

Uno de los puntos más delicados fue el impacto en la cadena de frío, particularmente en productos perecederos, donde cualquier interrupción representa pérdidas directas.

La limitación del paso en carreteras y en algunos casos la decisión de suspender traslados para resguardar la integridad de personas y bienes generó consecuencias adicionales en la logística.

La dirigente empresarial indicó que continúan recopilando información para evaluar el alcance total de las afectaciones y adelantó que compartirán los resultados una vez que se tenga un análisis estadístico completo.

Sobre el panorama actual en materia de seguridad, reconoció que prevalece un ambiente de incertidumbre.

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Consideró indispensable que la autoridad proporcione datos puntuales, transparentes y detallados sobre lo ocurrido y el proceso que se siguió, ante la inquietud que existe en distintos sectores de la sociedad.

En cuanto al estado de derecho, sostuvo que aún hay tareas pendientes.

Señaló que la sociedad demanda cada vez mayor certeza, particularmente en lo relacionado con la seguridad y la garantía plena de derechos.

En ese sentido, enfatizó que corresponde al orden judicial aplicar la ley y fortalecer la confianza en las instituciones.

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