¿Cuánto cuesta el gas LP en San Luis Potosí? Estos son los costos en 2026

Los hogares de San Luis Potosí recibieron un impulso económico esta semana con tarifas del Gas Licuado de Petróleo (LP) por debajo del promedio nacional, lo que representa un alivio en el presupuesto familiar que destina este energético para cocinar y otras necesidades domésticas.

De acuerdo con los precios vigentes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en su plataforma "Quien es quien en los precios del consumidor", el Gas LP se ofrece en 19 pesos con 58 centavos por kilogramo y 10 pesos con 66 centavos por litro el gas estacionario, cifras que se encuentran por debajo de la media nacional del energético, la cual ronda cerca de 19 pesos con 70 centavos por kilogramo y 10 pesos con 50 centavos por litro.

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Esta diferencia permite a las familias potosinas adquirir un cilindro de 30 kilogramos de gas sin que el costo rebase los 600 pesos, una referencia importante en un contexto de presiones inflacionarias que han afectado diversos bienes y servicios básicos.

Supervisión de precios para proteger al consumidor

Para garantizar que estos precios sean respetados y que los consumidores accedan a tarifas justas y competitivas, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) realiza un monitoreo continuo en cada municipio del estado, estableciendo precios máximos semanales para el Gas LP.

Esta regulación sirve como una guía de referencia confiable al momento de comprar el combustible en cilindros o en tanques estacionarios, y busca evitar sobreprecios injustificados para el usuario final.

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El esquema de precios máximos es una herramienta que ha permitido contener la volatilidad del mercado en medio de fluctuaciones de los precios internacionales de energéticos y las variaciones de costos logísticos que impactan el gas LP en todo México.

Cabe destacar que especialistas en temas de energía han señalado que, aunque los precios pueden fluctuar semanalmente, la regulación y supervisión constante de los costos por parte de las autoridades es un factor clave para proteger el poder adquisitivo de los consumidores.