La contratación de personas con discapacidad continúa siendo un desafío para las empresas, pese a que la normativa establece que deben representar 2 por ciento de la plantilla laboral, tanto en centros de trabajo públicos como privados.
María Teresa Galicia Saldaña, directora de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), reconoció que esta disposición no se cumple y señaló que avanzar hacia espacios laborales incluyentes exige compromisos que vayan más allá de la contratación.
La funcionaria explicó que, aunque algunas empresas cuentan con políticas y protocolos para incorporar a distintos sectores de la población, todavía existen grupos que permanecen invisibilizados.
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Indicó que el reto no consiste únicamente en emplear a personas con discapacidad o adultas mayores, sino en garantizar que puedan integrarse plenamente a sus actividades y desarrollarse de manera productiva.
Para ello, señaló que los centros de trabajo deben implementar ajustes razonables y medidas de equidad que respondan a las necesidades de cada persona.
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Estas acciones deben formar parte de una política institucional que permita a los trabajadores desempeñar sus funciones en condiciones de igualdad con el resto del personal, en lugar de considerar la contratación como una forma de cumplir únicamente con un requisito social.
Galicia Saldaña agregó que las empresas necesitan establecer por escrito sus compromisos en materia de inclusión y comunicarlos a todos sus trabajadores, de manera que exista una visión compartida sobre la importancia de la equidad.
Consideró que este cambio en las políticas y prácticas internas es uno de los principales desafíos para avanzar hacia una sociedad en la que todas las personas tengan oportunidades de incorporarse y desarrollarse en el ámbito laboral.
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