Entre 30 y 40 mil autos extranjeros quedaron fuera de la legalización en SLP, reporte

Ante el fin oficial del programa federal de regularización de vehículos de procedencia extranjera, que concluyó el pasado 31 de diciembre de 2025, en San Luis Potosí quedó un saldo pendiente de entre 30 mil y 40 mil vehículos que no lograron incorporarse al esquema, advirtió Elizabeth Gómez Suárez, presidenta de la Asociación de Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio (CTLP).

La dirigente recordó que este decreto, autorizado en abril de 2023, tuvo una vigencia de poco más de dos años y medio, periodo en el que se dio continuidad a una larga historia de disposiciones aduaneras.

Señaló que, desde 1991, se han emitido al menos siete decretos en la materia, los cuales han ido modificándose conforme a las condiciones económicas y sociales.

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Gómez Suárez reconoció el alcance del programa que recientemente concluyó, aunque subrayó que no fue un proceso masivo como los registrados en décadas pasadas.

Aun así, destacó que permitió avanzar en la regularización de una parte importante del parque vehicular irregular, aunque dejó fuera a un número considerable de unidades.

Foto: Jazmín Ramírez EL UNIVERSAL

De acuerdo con estimaciones de la CTLP, en el estado permanecen sin regularizar entre 30 mil y 40 mil vehículos.

La presidenta de la asociación explicó que, de un padrón inicial cercano a las 28 mil unidades, actualmente se tiene registro de poco más de 18 mil, lo que evidencia que una parte logró incorporarse al esquema, pero aún persiste un rezago significativo.

La representante de la organización indicó que la conclusión anticipada del decreto respondió a la detección de diversas anomalías, entre ellas, la inclusión de vehículos con modelos muy antiguos, principalmente de las décadas de los ochenta y noventa, que ya no cumplen con criterios ambientales ni de seguridad para circular.

Estas irregularidades, señaló, llevaron a replantear el programa, el cual originalmente tenía vigencia hasta septiembre de 2026.

Ante este panorama, Gómez Suárez adelantó que el Gobierno federal debe analizar un esquema, basado en un decreto aduanero distinto, que contemplaría la importación definitiva mediante pedimento, con el pago correspondiente de aranceles e Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como reglas de operación más estrictas y mayor control por parte de las agencias aduanales.

En este contexto, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para evitar prácticas de hostigamiento o extorsión contra las personas que poseen este tipo de vehículos.

Señaló que, cada vez que concluye un programa de regularización, existe el temor de que los propietarios queden bajo constante vigilancia o sean objeto de abusos por parte de algunas autoridades.

La líder de la CTLP aseguró que la organización continuará brindando acompañamiento a los dueños de estas unidades, como lo ha hecho en otros procesos similares, y anunció que buscarán acercamientos con corporaciones como la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal y las policías municipales, a fin de garantizar el respeto a los derechos de los poseedores.

Finalmente, Gómez Suárez estimó que durante la vigencia del decreto se regularizaron alrededor de 100 mil vehículos en la entidad.

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