La agencia Moody’s informó que estados y municipios incumplen en informar sobre contratación de deuda, a pesar de los mayores controles que aplica la legislación mexicana con las leyes de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera.
“Las auditorías federales recientes revelaron que no todos los gobiernos locales y regionales están cumpliendo las nuevas reglas, especialmente las relacionadas con la deuda de corto plazo, la cual es más riesgosa”, dijo la calificadora.
Según Moody’s, estas prácticas inconsistentes de divulgación de información, así como los deficientes controles internos y la falta de planeación, indican que, en general, las prácticas de gobierno de estados y municipios en México sí han mejorado, pero permanecen débiles en varios aspectos y continúan presionando su desempeño financiero y liquidez.
“La revelación de la deuda de corto plazo continúa siendo deficiente. Los últimos reportes de la Auditoría Superior de la Federación, que cubren principalmente estados, indican que algunos estados y municipios no están reportando toda la deuda de corto plazo. También se encontraron discrepancias entre la deuda de largo plazo reportada en los estados financieros y la de la Secretaría de Hacienda”, detalló Moody’s.
La calificadora puso como ejemplo el caso de Michoacán, que no reportó nueve préstamos de corto plazo por 6 mil 482 millones de pesos, ni en sus estados financieros de 2017 ni en el Registro Público Único, y el estado tampoco pudo comprobar el uso de los recursos obtenidos de los créditos de corto plazo por 10 mil 227 millones de pesos.
“En el caso de Baja California reportó deuda financiera por 11 mil 846 millones de pesos, mientras que el monto auditado fue por mil 648 millones de pesos. El Estado de México reportó deuda de largo plazo equivalente a 38 mil 300 millones de pesos, mientras que el monto auditado fue de 39 mil 200 millones de pesos”, detalló.
En el caso de la Ciudad de México, añadió la calificadora, reportó diferencias por 2 mil 630 millones de pesos entre sus estados financieros y el registro público de deuda.
Adicionalmente, Hermosillo no pudo comprobar el uso de 150 millones de pesos de la deuda de largo plazo que contrató por 681.2 millones de pesos.
En ese sentido, resaltó que esta falta de consistencia en la información complica los esfuerzos de calcular el monto total, el costo del servicio así como los riesgos de liquidez por deuda.
Así, comentó que los pasivos no reportados, que son difíciles de predecir, ponen presión adicional a la liquidez de entidades y gobiernos locales.
“Muchos gobiernos estatales y municipales no reportan algunos pasivos, tales como impuestos por pagar al gobierno federal o contribuciones por pagar a los sistemas de pensiones federales, los cuales son difíciles de estimar sin la divulgación suficiente. Estos pasivos pueden crear presiones de liquidez inesperadas porque el gobierno federal tiene el derecho a descontar dichos montos automáticamente”, añadió Moody’s.
