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La gentrificación, ese proceso urbano que transforma barrios populares en zonas de alto valor comercial, generando desplazamientos y encarecimiento de vida, comienza a tomar fuerza en San Luis Potosí; sin embargo, atenderlo no es tarea sencilla, así lo aseguró Olga Espitia Lanuza, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), quien subrayó la necesidad de diálogo y corresponsabilidad entre ciudadanía, autoridades y desarrolladores.
La empresaria explicó que, si bien el fenómeno ya se percibe en algunas zonas de la capital potosina, su tratamiento no puede ser simplista ni reducirse a frenar los precios.
“La Constitución protege el derecho a la propiedad y mientras ese derecho esté garantizado, no puede imponerse una regulación que pase por encima de lo que legalmente le pertenece a alguien”, afirmó.
Propone establecer reglas contra la gentrificación
La dirigente de AMPI señaló que uno de los grandes retos para contener los efectos negativos de la gentrificación es la diversidad misma del tejido urbano.
“En una misma colonia pueden convivir vecindades, casas tradicionales, comercios pequeños y edificios de departamentos. Establecer reglas homogéneas para precios o usos del suelo en contextos tan variados se vuelve extremadamente difícil”, apuntó.
La empresaria reconoció, además, que cuando el desarrollo inmobiliario impacta directamente a comunidades vulnerables, como ocurre en zonas con viviendas precarias o comercio informal, debe entrar en acción la autoridad para evitar que las personas sean desplazadas sin alternativas.
“En caso de que se requiera reubicar a quienes viven en condiciones más frágiles, como familias en vecindades o casas muy pequeñas, debe haber una intervención clara del gobierno. No puede dejarse únicamente a la dinámica del mercado”, señaló.
Para ella, el enfoque más sensato frente a la gentrificación es el trabajo coordinado. “El problema no se resuelve aislando responsabilidades. Se necesita que los vecinos, los inversionistas y sobre todo las autoridades estén presentes en la conversación. Sin esa articulación, cualquier intento será parcial y seguramente injusto”, advirtió.
Aunque en algunas ciudades del país se han intentado medidas como topes de renta o regulación del suelo, la presidenta de AMPI considera que en contextos como San Luis Potosí sería poco realista aplicar esquemas de control generalizado de precios.
“Es una tarea compleja, con muchas aristas. No se puede simplificar. Pero sí se puede construir desde el diálogo y la sensibilidad social”, concluyó.
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