Como efecto inmediato de la “poderosa” reforma penal fiscal en contra de los factureros, la Secretaría de Hacienda a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), logró que siete empresas se regularizaran y pagarán al fisco dos mil millones de pesos.
Lo anterior fue posible antes de que entre en vigor a partir de enero de 2020 la reforma mediante la cual se modificaron diversas leyes y los Códigos Fiscal Federal y Penal.
Se trata de siete empresas cuyos nombres, giros y tamaño no se dieron a conocer por el secreto fiscal.
Estas empresas compraron facturas para deducir operaciones que no se realizaron.
“Se vio un periodo de autocorrección de diversas empresas que se han venido acercando en primera instancia al SAT y después con la Procuraduría Fiscal, aún antes de entrar en vigor de esta reforma”, dijo el titular de Hacienda, Arturo Herrera.
En conferencia de prensa, precisó que se pudo hacer una recaudación de un total de dos mil millones de pesos.
El funcionario señaló que este es un ejemplo de lo que es esta reforma tan “poderosa” que antes de que surta efectos legales, ya contribuye a aumentar la recaudación y sin necesidad de recurrir al terrorismo fiscal.
Por su parte el Procurador Fiscal, Carlos Romero, comentó que las empresas admitieron que estaban conscientes de que habían comprado facturas falsas.
“Al saber de la gravedad de la reforma y las implicaciones penales, decidieron acercarse a la PFF para corregir su situación fiscal, pero eso no quita el delito”, aclaró.
Al acudir a la Procuraduría Fiscal, repararon el daño y se hizo un acuerdo reparatorio ante la Fiscalía.
