La reglamentación del impuesto ambiental en San Luis Potosí no solo tiene un fin recaudatorio, sino que pretende convertirse en un instrumento clave para financiar proyectos que mitiguen los efectos del cambio climático y fortalezcan el desarrollo sustentable en la entidad.
Así lo subrayan empresarios y representantes legislativos, quienes recalcaron que los recursos generados deberán administrarse bajo criterios de transparencia y eficacia, a través de esquemas como un fideicomiso que garantice su aplicación en beneficio del medio ambiente y de la sociedad.
Entre los principales retos que enfrenta el estado, se mencionaron las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas, en gran parte, de la industria y el sector manufacturero, que dependen aún de la quema de combustibles fósiles para mantener su producción.
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Estos contaminantes, que se acumulan en la atmósfera, son responsables directos del calentamiento global y de fenómenos cada vez más visibles en San Luis Potosí: temperaturas que superan los 35 grados en al menos 69 puntos del territorio, alteraciones en los ciclos de lluvia, disminución en la humedad del suelo y reducción en la productividad agrícola.
Durante el encuentro se señaló que en los últimos 30 años la entidad ha registrado impactos severos asociados al cambio climático, lo que pone en riesgo no solo la producción de alimentos, sino también la seguridad hídrica y la salud de la población.
Ante esta situación, se destacó la importancia de que los recursos provenientes del impuesto ambiental se dirijan a proyectos que fortalezcan la economía circular, promuevan el financiamiento verde y preparen al estado frente a las tendencias globales en materia de sustentabilidad.
El llamado fue claro: México y San Luis Potosí necesitan elevar el nivel de diálogo y colaboración entre gobierno, empresas, academia y ciudadanía. No basta con regular o imponer sanciones, sino generar propuestas y soluciones conjuntas que respondan a las exigencias actuales del planeta.
“El futuro sostenible comienza hoy y requiere reglas claras, participación de todos los sectores y un compromiso real con la ecología”, señalaron representantes del sector empresarial.
Este posicionamiento se dio en el marco del Segundo Foro de Seguimiento a la Reglamentación del Impuesto Ambiental en San Luis Potosí, organizado por la Alianza Empresarial. El encuentro buscó consolidar un diálogo transversal en el que todos los actores tengan voz y se construyan acuerdos firmes para que los recursos recaudados impacten positivamente tanto en la protección ambiental como en la competitividad del estado.