Ante la controversia por la propuesta nacional del Infonavit sobre viviendas invadidas, la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en San Luis Potosí, Olga Espitia Lanuza, fue enfática: “Rechazamos categóricamente cualquier intento de legalizar la invasión de casas, la propiedad privada es un derecho fundamental”.
Espitia Lanuza, explicó que la información ha sido malinterpretada, generando confusión entre propietarios y deudores.
La propuesta del Infonavit, según afirmó, no busca beneficiar a personas que hayan tomado inmuebles ilegalmente, sino abrir opciones para aquellos acreditados que por temor o desinformación abandonaron sus viviendas sin dejar de ser legalmente sus dueños.
“Muchos dejaron sus casas porque agencias de cobranza les advirtieron, sin fundamento, que las perderían. Esa presión indebida los obligó a irse pero esas personas tienen todo el derecho de buscar recuperar su hogar, pero los invasores no tienen ningún derecho, vengan de donde vengan”, subrayó.
Desde AMPI San Luis Potosí, reiteraron su desacuerdo absoluto con cualquier política o interpretación que justifique ocupaciones ilegales, pues consideran que abre la puerta a abusos, corrupción y fraudes.
“Detrás de algunas invasiones, hay redes de coyotaje o personas corruptas que hacen creer a gente vulnerable que pueden tomar una casa y luego regularizar. Eso no solo es mentira, también es un delito que afecta a familias que han invertido años de esfuerzo en adquirir su patrimonio”, advirtió.
La presidenta compartió que, como organización, reciben reportes constantes de personas cuyas casas han sido ocupadas, y que enfrentan grandes dificultades legales para recuperarlas.
Cuestionada sobre posibles actos de corrupción detrás de ciertas invasiones, la presidenta de AMPI fue contundente: “Claro que pueden prestarse a actos irregulares. Algunas personas han sido engañadas por intermediarios que les piden dinero para venderles casas que no son suyas. Eso debe investigarse y sancionarse con rigor”, finalizó.