La discusión sobre la jornada laboral de 40 horas volvió a colocarse en el centro del debate nacional y local, luego del anuncio del gobierno federal que plantea una reducción gradual hasta el año 2030.
Desde San Luis Potosí, las reacciones no se hicieron esperar.
Para el presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), Rodrigo Sánchez Espinosa, el cambio representa una inquietud seria para el sector productivo, ya que asegura que, en un contexto donde el país enfrenta limitaciones en la creación de empleo, es indispensable fortalecer la competitividad, no disminuirla.
“Recortar de 48 a 40 horas semanales implica reducir casi una sexta parte de la producción, lo que incrementa los costos de operación”, comentó.
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Según explicó el presidente de IPAC, México necesita trabajar en esquemas que incrementen la productividad si se desea compensar la reducción de horas sin afectar los niveles de desarrollo económico.
Además, señaló que esta medida se suma a otras recientes como el aumento en los días de vacaciones y los ajustes relacionados con las Afores, lo cual genera una presión adicional sobre las empresas.
A pesar de estas preocupaciones, reconoció que debe abrirse un diálogo amplio y serio donde también se escuchen las demandas del trabajador.
“Es claro que tener más tiempo libre mejora la calidad de vida, el reto está en encontrar cómo hacerlo sin debilitar la capacidad de competir de México frente a otras naciones”, apuntó, destacando que una implementación escalonada puede ser la vía más viable.
Por su parte, integrantes del colectivo “Por las 40 horas” en San Luis Potosí señalaron que tras su manifestación pacífica de la semana pasada, muchas personas se sumaron a compartir experiencias y denunciar abusos laborales. “Esta vez, la participación fue mayor que en ocasiones anteriores”, afirmaron.
El colectivo también expuso que persisten casos de violencia en el trabajo, lo cual se reflejó tanto en el violentómetro que instalaron como en el tendedero de denuncias. Criticaron la falta de una iniciativa concreta por parte de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y aseguraron que el anuncio de una implementación paulatina hasta 2030 es muestra de que el compromiso con los trabajadores sigue siendo insuficiente.
“Mientras la reforma judicial avanza con rapidez, este tema que toca la vida diaria de millones de personas y se mantiene en el discurso. El derecho al descanso no puede seguir esperando”, señalaron.
Ambos sectores coinciden en que el tema requiere mayor discusión, pero desde miradas distintas: para los empresarios, sin perder productividad; para los trabajadores, sin postergar más el bienestar.