La batalla para acaparar a consumidores de gas LP

¿Podemos los mexicanos decidir quién nos vende el gas licuado de petróleo?

El combustible que llega a casas, negocios o industrias a través de cilindros metálicos o se surte en pipas a tanques estacionarios es un producto indispensable para la vida de 76% de los hogares mexicanos, que lo utilizan sobre todo para labores cotidianas como la preparación de alimentos y calentar agua, entre sus principales usos domésticos.

De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener), el resto del consumo se distribuye entre el sector de servicios, autotransporte, industrial, agropecuario y petrolero.

La mayor competencia en este mercado parece reflejarse en el número de empresas que en él participan, y según la Comisión Federal de Competencia, es de 722 permisionarios. Ello debería traducirse en tener consumidores informados y empoderados para tomar la mejor decisión, basándose en los precios y en la calidad del servicio.

Sin embargo, en la práctica los usuarios son presas de una guerra entre empresas del sector y comisionistas, quienes pelean por cuadras, colonias y territorios para ser los únicos proveedores.

Cifras oficiales revelan que los permisionarios se agrupan en al menos una de las cinco asociaciones de distribución que existen en el país: de Distribuidores de Gas LP (ADG), de Distribuidores de Gas LP del Interior de la República (Adigas), la Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas), de Distribuidores de Gas del Nordeste (Asocinor) y la Cámara Regional del Gas (Camgas).

La mayor parte de la empresas del gremio operan plantas de distribución que entregan el gas LP por medio de vehículos de reparto o a través de autotanques a los clientes que cuentan con tanque estacionario.

Actualmente la flota vehicular varía de acuerdo con las plantas de distribución: 54% de éstas cuentan con vehículos de reparto, 68% cuentan con autotanques, y 48% utilizan ambos. No obstante, aproximadamente ocho de cada 10 vehículos usados para el transporte del combustible pertenecen a comisionistas, que son propietarios de esos camiones, y quienes obtienen una utilidad por cada cilindro que entregan.

En la práctica, se trata de familias o agrupaciones de comisionistas que por años han controlado sus zonas de influencia y quienes obstaculizan la entrada de competidores, lo que complica la posibilidad de que los usuarios puedan elegir a su distribuidor.

Nuevos problemas

Por su importancia económica y social, en México el mercado de gas LP había estado sujeto a una franca intervención gubernamental que por años impidió el desarrollo de un mercado eficiente y que por lo mismo permitió el surgimiento de verdaderos cotos de poder gasero, que todavía hoy dominan y controlan grandes extensiones del territorio nacional.

A menor escala, la guerra por el mercado, la casa de la esquina, del negocio e incluso de la tortillería se da con los llamados comisionistas, quienes con camiones propios distribuyen y no permiten que otras unidades de distintas marcas invadan su territorio, recurriendo además a la violencia física para ahuyentar a sus competidores.

Uno de tantos ejemplos que se repite en muchas localidades del país está presente en el Valle de Texcoco, donde autoridades locales y criminales están coludidos en el robo de gas LP, pero que además han creado empresas fantasma para la distribución del combustible y han establecido pagos de tarifa para filtrarse en el mercado de gas que representa 20 mil clientes potenciales entre casas y negocios en esa zona.

Denuncias que hicieron llegar empresarios del ramo a EL UNIVERSAL, quienes solicitaron el anonimato por el riesgo a sufrir represalias, advierten de “agresiones” a operadores de pipas de una compañía distribuidora que ha intentado incursionar en repetidas ocasiones, desde 2017, en ese municipio. “Los han apedreado, les han roto los faros, espejos y parabrisas”. La mayor parte ha interpuesto denuncias ante el Ministerio Público, pero siempre con la misma respuesta: “No pueden meterse, pues es un tema de libre comercio”, por lo que se deslindaron.

Los agresores son de otras compañías gaseras, agrupados en comisionistas y huachicoleros (dedicados al robo de combustibles), protegidos por la autoridad municipal.

En Texcoco, agregan las fuentes consultadas, operan pipas rotuladas con las marcas Soni, Vela y Multiregional. Las tres tienen permiso federal y están registradas ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pero no es el caso de Gas LP México, la cual es ubicada en esta franja territorial como una empresa fantasma, operada por huachicoleros o comisionistas.

Por ello, “nadie más puede ingresar a Texcoco ni a Tomza; ni Gas Metropolitano ni Uribe, ni Nieto o Regio Gas, entre otras empresas”, comentan.

Según los cambios a raíz de la reforma energética, hay un libre mercado en el gas LP y las zonas de exclusividad han desaparecido, “pero por desgracia la delincuencia se ha encargado de frustrar esa posibilidad”, dicen.

Los pobladores, que no tienen otra opción para elegir distribuidor, han documentado largas filas de hasta 40 pipas acompañadas por autos particulares, patrullas municipales y camionetas blindadas, que cierran el paso a otros repartidores, los retienen y son amenazados de muerte, para posteriormente comunicarse con la gerencia de operaciones de las empresas, a fin de intimidarlas a través del argumento de que “esa zona es nuestra; si insisten en entrar, para la próxima habrá muertes y quema de pipas”.

Pero el problema no es sólo para empresas distribuidoras. Los usuarios han manifestado su inconformidad, a cambio “reciben amenazas por parte de los gaseros locales de no surtirles nuevamente si hacían pedidos a otras compañías”. Y esto se repite en muchos otros municipios: Tecamac, Ecatepec o Naucalpan, en el Estado de México, “y también en otras zonas del país”.

Esto muestra que los consumidores no tienen opción para elegir a quién comprarle gas ni tienen la garantía de servicio, calidad, llenado y precio, pues son estas mafias las que dominan esos mercados locales.

En 2018, el huachicoleo de gas LP dejó pérdidas por más de 13 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (Amexgas).

El 80% de la actividad se concentró en la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el resto en el robo de pipas.

Los consumidores disponen de una aplicación móvil promovida por la CRE, denominada GasoApp, la cual tiene como objetivo ayudar al usuario a seleccionar al camión de la empresa de su preferencia. Las firmas que denuncian la falta de competencia cuestionan la utilidad de la app: “¿Qué sentido tiene para una ama de casa cuando circulan por la colonia los mismos distribuidores?”.