El gasto en electricidad representa uno de los componentes más elevados dentro de la estructura de costos de la industria, al concentrar entre 55 y 60 por ciento del total en algunos casos, afirmó Imelda Elizalde, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la entidad.
La líder empresarial explicó que el impacto del consumo eléctrico en las operaciones convencionales es considerable, por lo que resulta indispensable explorar alternativas que permitan disminuir esta carga financiera.
Señaló que existen distintos mecanismos para reducir el gasto energético; sin embargo, subrayó que el gobierno federal debe estar dispuesto a respaldar esquemas que faciliten el retorno y la optimización en el uso de electricidad.
Entre las opciones a revisar, mencionó el impulso a energías limpias, como los parques eólicos, así como incentivos que permitan a la industria generar y capitalizar su propia energía, con el objetivo de que esta estrategia se refleje directamente en una reducción de costos.
En cuanto al panorama para San Luis Potosí, donde se anticipa la llegada de nuevas inversiones y proyectos, Elizalde indicó que la Cámara centrará su estrategia en fortalecer la digitalización y certificación de las empresas locales.
Advirtió que la transformación tecnológica puede desplazar a quienes no logren adaptarse, por lo que consideró fundamental que las pequeñas y medianas industrias incorporen herramientas digitales e inteligencia artificial en sus procesos internos para mantenerse dentro de los estándares del mercado.
“El foco debe estar en llevar a nuestras pymes a ese nivel”, sostuvo al señalar que la meta es impulsar capacitación, certificaciones y una mejor articulación entre oferta y demanda.
Explicó que será clave identificar qué requiere la gran industria y evaluar qué está en condiciones de ofrecer el empresariado potosino y regional, así como detectar las áreas donde aún no se cumplen los estándares solicitados.
Finalmente, destacó que este proceso deberá construirse en coordinación con los gobiernos estatal y municipal, particularmente en materia de mejora regulatoria, acceso a financiamiento y programas que incentiven la inversión privada, con el propósito de fortalecer la competitividad industrial en el nuevo periodo.