La iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su denominado “plan B” en materia electoral, que contempla reducir las figuras plurinominales en diputaciones y regidurías a nivel nacional, ha encendido el debate sobre sus implicaciones en la representación política.

Imelda Elizalde, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), señaló que una modificación de esta naturaleza debe analizarse con detenimiento, pues no puede centrarse únicamente en la disminución del gasto público.

La propuesta surge bajo el argumento de que los espacios asignados por representación proporcional implican un costo de miles de millones de pesos cada año.

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No obstante, la empresaria consideró que cualquier ajuste al sistema político mexicano debe evaluarse de manera integral, incluyendo su estructura y operación.

Aunque manifestó apertura a revisar el modelo actual, subrayó que, en caso de concretarse cambios, es indispensable que se mantengan principios fundamentales como la representatividad, el equilibrio entre fuerzas políticas y la diversidad de voces, elementos que, dijo fortalecen la vida democrática del país.

Asimismo, planteó que los recursos que eventualmente se liberen con la reducción de estas posiciones no deben quedar sin destino claro.

Propuso que dichos ahorros se integren a un fondo administrado con total transparencia, garantizando su uso en proyectos específicos.

Entre las posibles aplicaciones mencionó el impulso a obra pública y la implementación de incentivos dirigidos a las empresas, particularmente en un contexto de transformación económica derivado de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Finalmente, reiteró que la discusión sobre la eliminación de plurinominales no solo se centra en el ahorro, sino en el reto de preservar una democracia representativa sin debilitar sus contrapesos.

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