Manuel Lozano Nieto, titular de la Secretaría del Trabajo del gobierno estatal, calificó como “completamente ilegal” el llamado realizado por el Inegi en San Luis Potosí para que encuestadores y supervisores firmen renuncias “de común acuerdo”, tras la cancelación de censos debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus.
El funcionario recordó que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y el decreto presidencial de emergencia sanitaria, ninguna empresa, ni pública ni privada, que haya tenido que suspender operaciones o alguna de sus actividades por esta contingencia, puede despedir o mucho menos pedir la renuncia de sus trabajadores por este motivo.
“Habría que ver las condiciones en las que está el contrato, pero la lógica nos da para pensar que está vigente, puesto que el censo se suspendió en razón de esta misma contingencia, por lo que es lo mismo que en las empresas privadas; es decir, es ilegal que se les despida o se les pida una renuncia en razón de un contrato vigente”.
Lozano Nieto recordó que es falsa la premisa de que por la contingencia las empresas puedan pagar sólo un salario mínimo a sus trabajadores, puesto que el gobierno federal, previendo este tema, decidió añadirle al decreto la figura de la “fuerza mayor”, de tal forma que las firmas están obligadas a pagar salarios completos, pese a no tener operaciones.
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