El traslado de las secretarías de gobierno a los estados dejará libres alrededor de un millón 500 mil metros cuadrados (m²) de oficinas en la Ciudad de México (CDMX), algunos de ellos en oficinas tipo clase A, es decir, las más modernas y equipadas.
En consecuencia se generará una sobreoferta de oficinas en la CDMX, lo que eventualmente puede llevar a una caída de entre 7% y 10% en el precio de las rentas, según la firma prestadora de servicios inmobiliarios Jones Lang LaSalle (JLL).
Héctor Klerian, director internacional de JLL en México, dijo que el traslado de las secretarías a los estados generará una desocupación relativa y paulatina de los espacios de oficinas, ya que no se van a ir todas las dependencias ni al mismo tiempo. “Además, van a dejar una oficina de representación aquí, por la interacción y relación con el gobierno”.
De acuerdo con JLL, después del sismo del pasado 19 de septiembre, el gobierno federal comenzó a mudarse a edificios de oficinas clase A: más modernos, mejor equipados y que cumplen con el reglamento de construcción posterior a 1985.
En 2017, de los 327 mil nuevos metros cuadrados de oficinas clase A, el gobierno ocupó 65 mil metros, equivalente a 20% de la oferta nueva.
Para el primer semestre de 2018, de los 250 mil nuevos metros cuadrados totales, el gobierno federal tomó 70 mil metros, es decir, 28% del total.
Sobre el impacto en el precio de las rentas, Kleiran dijo que ya hubo una ligera caída en las clase A, por la sobreoferta, pues actualmente rondan en 25 dólares por metro cuadrado al mes, pero llegaron a cotizarse hasta en 28 dólares por metro cuadrado.
“Aumentaría la sobreoferta, pero no sensiblemente. Toma tiempo y no van a dejar vacíos todos los edificios. Los precios podrían bajar entre 7% y 10% por la sobreoferta”.
JLL agregó que la mayoría de los dueños de los nuevos edificios de oficinas clase A las construyeron con capital propio y poca deuda, por lo que no tendrán prisa por rentarlas.
Luis Enrique Méndez, director de la División Oficinas de Colliers International, agregó que varios edificios arrendados por el gobierno son clase B, es decir, de menor categoría y menor precio que los A, ya que tiene como tope máximo para renta de edificios un precio de 16 dólares por metro cuadrado al mes.
“El gobierno federal históricamente ha arrendado o utilizado sus propios edificios. La gran mayoría de los que rentan caen en la categoría de edificios clase B o C, con 30 años de antigüedad o más”, explicó.
Para Colliers, la desocupación de estos edificios puede representar una oportunidad para los dueños para transformarlos y darles otro giro.
JLL considera que empresas energéticas, de telecomunicaciones, coworking, startups, así como financieras podrían llenar los espacios de oficinas que dejará el gobierno.
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) coincidió en que el vacío que dejarán las dependencias será gradual y pueden ocuparse por empresas del sector energético o de telecomunicaciones que están llegando al país a partir de las reformas estructurales.
Alejandro Kuri, presidente de AMPI, dijo que la mayoría de los nuevos edificios de oficinas ubicados en los corredores de Reforma, Insurgentes y Perisur se construyeron pensando en la reforma energética, y esas empresas apenas están llegando al país, por lo que la demanda de oficinas no se verá afectada.
