“Ni xenofobia, ni privilegios”, responde promotora de Ley Yùli, tras señalamientos de Canaco por tiendas chinas

Luego de que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) hiciera un exhorto para que todos los comercios, incluidos los de origen asiático, sean regulados bajo las mismas reglas, la promovente de la iniciativa de ley Yùli, Julieta Terán, fijó postura a través de un comunicado en el que planteó que el debate no debe centrarse en la nacionalidad, sino en la dimensión económica de cada empresa.

Bajo el argumento de que no se trata de estigmatizar a ningún sector, Terán sostuvo que la discusión debe enfocarse en la proporcionalidad jurídica.

Recordó que el artículo 1° constitucional consagra la igualdad ante la ley, lo que impide cualquier forma de discriminación por origen.

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Sin embargo, señaló que ello no implica exactamente las mismas cargas regulatorias a actores económicos que operan en condiciones estructuralmente distintas.

En su posicionamiento, explicó que un negocio familiar no enfrenta el mercado en las mismas circunstancias que una estructura empresarial respaldada por capital transnacional, con capacidad de importación a gran escala, economías de volumen y expansión acelerada en diversos municipios.

Cuando un esquema comercial genera efectos de amplio alcance en la dinámica local, afirmó, el Estado está obligado a establecer mecanismos de supervisión acordes con su tamaño y capacidad financiera.

Aclaró que no se trata de imponer cargas adicionales por el origen extranjero, sino de ejercer mayor vigilancia cuando el impacto en el mercado es mayor, lo cual dijo es compatible con el principio de equidad regulatoria.

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Terán advirtió que, de existir facilidades administrativas fuera de lo común, subvaluación en importaciones, evasión o elusión fiscal, o autorizaciones aceleradas derivadas de presiones económicas, se configuraría una alteración en la competencia que afecta al comercio formal.

¿A qué se refiere la iniciativa de ley Yùli?

La iniciativa ciudadana fue presentada a finales de 2025 para proteger los derechos laborales básicos y prevenir abusos, especialmente ante empresas extranjeras.

Busca garantizar la seguridad social desde el primer día de trabajo y asegurar que las instrucciones laborales sean en español, además habla de una ausencia de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), prácticas de maltrato y discriminación.

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