Facebook, Google, Twitter, Mercado Libre y Airbnb, entre otras firmas de las 12 que integran la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), pidieron a las autoridades un mayor plazo para cumplir con las nuevas reglas del Paquete Fiscal 2020.
Consideraron necesario contar con 12 meses en vez de uno, como se propone en la miscelánea fiscal, porque eso tardó en Europa, específicamente en Francia, donde en julio pasado se logró establecer un impuesto de 3% a los ingresos de las empresas de la economía digital.
Con más tiempo, consideraron, pueden evitar que les bajen el switch e incluso un apagón digital generalizado, lo que puede traer un impacto económico estimado en 6 mil 474 millones de pesos al día, equivalente a 0.03 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
La miscelánea fiscal 2020 pone a consideración del Congreso de la Unión ir más allá de un criterio vinculativo con medidas de control para establecer obligaciones a los prestadores de servicios digitales residentes en el extranjero, sin establecimiento en México.
Para los que no paguen la tasa de 16% del IVA en el país ni se den de alta ante el fisco, habrá sanciones administrativas, como suspensión de la conexión con los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones en México.
También se publicará su nombre en la lista negra de contribuyentes incumplidos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el fin de que los receptores de los servicios en territorio nacional se abstengan de contratarlos en el futuro.
De ser aprobadas por los diputados y senadores, las nuevas disposiciones entrarán en vigor a partir de abril de 2020, por lo que la ALAI solicitó un periodo de adaptación mínimo de un año.
Una amenaza al canal de López Obrador. Durante una rueda de prensa, advirtieron que con un bloqueo a internet se afectará a todas las aplicaciones digitales, lo cual puede impedir ver hasta los mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como sus conferencias matutinas.
“Si le bajas el switch a Spotify, le estaríamos bajando el switch a las aplicaciones de Google, al correo electrónico [Gmail], a sus búsquedas y a los canales de YouTube; vaya… el propio canal del Presidente no podría verse”, advirtió la directora de Asuntos Públicos de Google México, Lina Ornelas.
Explicó que Spotify vive en la nube de Google, empresa que tiene su establecimiento en la ciudad de California, Estados Unidos.
El gerente de Políticas Públicas de Airbnb, Jorge Balderrama, admitió que ese tipo de compañías extranjeras no cuenta con un domicilio fiscal en México, pero sí en sus países de origen.
“Todas las empresas que estamos aquí hoy y la economía digital pagan sus impuestos correspondientes en sus países de origen”, afirmó.
Mercado Libre fue la única que aseguró tener domicilio fiscal en México, enfatizó la directora de políticas públicas, Alehira Orozco.
Sin embargo, si la empresa no cumple en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales también será sancionada con la suspensión a la conexión a la red pública de telecomunicaciones.
“El tiempo de implementación es poco realista con un impacto mayor para las pequeñas empresas del ecosistema digital”, sentenciaron los integrantes de la ALAI.
Bloqueo total. Respecto a la sanción de desconectarlos de internet de no cumplir con la nueva disposición, el gerente de políticas públicas y asuntos gubernamentales de Google, Manuel Haces, estimó que el impacto económico por el costo del bloqueo puede ser de 6 mil 474 millones de pesos.
“Para el caso de suspender o bajar el switch en México en su totalidad, el costo asciende a 6 mil 474 millones de pesos”, enfatizó.
Señaló que la medida va contra la reforma de telecomunicaciones para un sistema de internet abierto y garantizar el acceso a la información y libertad de expresión.
No sólo se afecta a los servicios por hosting, sino también a usuarios terceros que no pueden entrar a los servicios que están ubicados en esa misma nube.
Advirtió que no se va a bloquear una sola aplicación, sino a todas las que están alojadas en ese mismo hosting, como sitios web y otros.
La vocera y directora de ALAI, Sissi de la Peña, consideró que las nuevas normas son medidas anticonstitucionales que van contra convenios internacionales y de los derechos humanos.
