Para los factureros de operaciones fantasma y los que utilizan el outsourcing para defraudar al fisco se acabó la fiesta, advierte el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario asegura que para estos esquemas fraudulentos que han proliferado como un deporte nacional, así como para quien esté fuera de la ley, caerá todo el peso del Estado; sea quien sea, sin importar si es un pez chico o grande.
“Vamos a utilizar toda la fuerza del Estado contra esos defraudadores. Se les acabó la fiesta; este tipo de escenarios era el deporte nacional”, afirma contundente.
Romero Aranda anticipa que con la reforma que se discute ahora en el Senado de la República se buscará que ese tipo de prácticas sean equiparables a delincuencia organizada.
Sobre si hay alguna denuncia contra el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, el procurador solamente se limita a manifestar que al final de cuentas quien esté fuera de la ley será objeto de revisión y se iniciarán los procedimientos respectivos.
“Sea quien sea. Sea político, empresario, gente del medio artístico, quien esté dentro de la ley no va a tener problemas. Aquí no podemos distinguir entre unos y otros, aquí es un área técnica, no política, y nosotros lo tenemos que ver como tal, nosotros vemos esos delitos, nada más”, matiza el funcionario.
En sus oficinas de la procuraduría fiscal, al sur de la Ciudad de México, el abogado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuestiona el por qué no hay peces gordos detenidos como en su momento lo representó el caso de Elba Esther Gordillo al inicio del sexenio pasado.
“¿Tendría que legitimarse un gobierno que ganó con 30 millones de votos?”, afirma.
Los que “persiguieron peces gordos”, considera, no tenían legitimación para llegar al poder; al nuevo gobierno lo que le interesa es el apego a la ley.
“No eran peces grandes, eran persecuciones políticas, y aquí lo que no buscamos son persecuciones políticas; lo que queremos es acabar con la corrupción en primer lugar y terminar con estos esquemas fuera de la ley defraudatorios en segundo lugar”, pondera el procurador.
Y lo único que hay para eso, señala Romero Aranda, es la ley.
Menciona que el huachicol, el narcotráfico y los recursos de procedencia ilícita serán los temas que trabajarán de la mano con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
“El esquema que maneja el Presidente [López Obrador] es que todos estamos dentro de la ley, y el dinero se va a gastar adecuadamente y no hay corrupción, voluntariamente todo mundo tenemos que contribuir, voluntariamente tenemos que pagar nuestros impuestos como se debe, pero si no lo haces, a pesar de estas facilidades que te dan, viene todo el peso de la ley”, establece.
Seremos implacables
Durante la entrevista, Carlos Romero Aranda anuncia que le darán un nuevo giro a la lucha contra la defraudación fiscal.
“En el caso de la defraudación fiscal, vamos a ser implacables”.
Una herramienta valiosa será la iniciativa de ley que está en análisis en el Senado, en la cual se proponen modificaciones legales en materia penal para equiparar como delincuencia organizada a las estructuras de defraudación fiscal encaminadas a empresas factureras y las que evaden a través del outsourcing.
El resultado que se espera con esta reforma será el tenerlos como un estado de excepción, cateos, y demás. Porque al final de cuentas son grupos delincuenciales que se dedican a esto y manejan el efectivo.
El funcionario afirma que los delitos de lavado de dinero y la defraudación fiscal van de la mano, de ahí la importancia de esa reforma.
“No solamente vamos a ser estrictos, vamos a ser muy duros; buscamos que todos estos delincuentes estén adentro”, sentencia.
Sin embargo, aclara que como parte de la política criminal fiscal debe haber un equilibrio entre la parte penal con la recaudatoria.
“A los que producen estos esquemas, a los que venden las facturas, a los que venden este tipo de escenarios, los tendremos en la cárcel; a los que compran estas facturas y esquemas sí los vamos a denunciar, vamos a querellar contra ellos, pero les vamos a dar la opción de que paguen”, puntualiza Romero Aranda.
Con relación a los terceros, que por una cuestión causal, una decisión administrativa indebida o cuestiones económicas, dejaron de pagar una contribución y no hubo propiamente un dolo, buscarán que simplemente que paguen lo que deben.
“El envidioso”
Carlos Romero Aranda es un abogado fiscalista con doctorado en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, a quien le tocará atender, de entrada, los aproximadamente 5 mil amparos interpuestos contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y los que están empezando a llegar relacionados con la compensación universal.
Le llegaron, en menor cantidad, los amparos que se generaron por el estímulo fiscal que se da en las entidades de la frontera norte, que se conoce como el famoso amparo del “envidioso”, porque algunos que no están en esa zona del país quieren el mismo trato.
Sin embargo, anticipa que ese recurso legal no procederá, porque el decreto está bien sustentado constitucional y legalmente para que el efecto fiscal fuera reducir la tasa de los impuestos únicamente en la frontera norte.
Lo correcto fue hacerlo por medio de un decreto de estímulos fiscales para justificar el fin extrafiscal para dar un tratamiento diferenciado, y al ser un régimen opcional y de beneficio, no procede el juicio de garantía, argumenta el funcionario.
“Muertos en el clóset”
La Procuraduría Fiscal de la Federación no es ajena para Carlos Romero Aranda. Hace 20 años trabajó en la subprocuraduría de Amparos, además destaca que la transición fue muy tersa, pues su antecesor Max Diener le dejó todo caminando perfectamente y le entregó buenas cuentas, con 95% de los amparos ganados.
No dejaron “muertos en el clóset” como suele suceder durante los cambios de gobierno. El “paquetazo”, afirma, lo tienen todos los días que enfrentar, porque dice que los problemas nacionales no son menores.
Romero Aranda nació en la Ciudad de México. Es el único abogado en su familia de cuatro hermanos. Su mamá era maestra y su papá licenciado en Administración.
Estudió leyes en la Universidad Marista y luego realizó la maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana y el doctorado en la Universidad de Salamanca.
Dedicó parte de su vida al foro
jurídico como abogado privado. Conoce muy bien la procuraduría porque trabajó como director de Amparo contra leyes cuando los titulares de la PFF fueron Juan José Paullada y Gabriel Reyes Orona.
Recuerda que a diferencia de esa época en la que todo se realizaba en papel, ahora la procuraduría se ha digitalizado, lo que ha ayudado en la atención de los asuntos.
Actualmente están trabajando para que la parte electrónica se pueda conectar con el Poder Judicial de la Federación para rendir informes y recursos de revisión en línea.
En la oficina de Romero Aranda se percibe la austeridad. No falta la bandera mexicana, pero el cuadro oficial con la imagen del Presidente en turno, típico en los despachos de gobierno, ya no existe como un signo del fin al culto a la persona.
Atrás de su escritorio tiene una foto que le tomaron con su celular y que él mismo mandó a imprimir y enmarcar, en la cual aparece en el despacho presidencial en Palacio Nacional con el mandatario Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, a quien conoció hace como tres años y lo considera un “tipazo en toda la extensión de la palabra”.
En el librero destaca una botella de vino con la imagen de López Obrador conmemorativa a la Cuarta Transformación 2018-2024 que le regalaron, que nunca abrirá, porque “es el mayor orgullo”, recalca.
Cuenta que antes de que el Presidente le propusiera que fuera el procurador fiscal, él ya le había dicho que sí aceptaba, porque es el máximo honor que puede tener un abogado.
“El máximo orgullo que hay para un abogado fiscalista es ser procurador fiscal de la Federación”, dice con la mano en el corazón.
