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El Director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, sostiene que no hay estudio nacional o internacional que no confirme lo que viven miles de familias y cientos de empresarios todos los días.
Para abrir un negocio, para ganar una licitación o para acceder a servicios públicos, se necesita pasar por el tortuoso camino de la corrupción. La llamada Gran Corrupción y la Corrupción Administrativa, conviven con las y los mexicanos todos los días; arriba y abajo, en las grandes concesiones y obras de infraestructura o para acceder a los servicios básicos como el agua.
“Acompañada de su hermana gemela, la impunidad, esta pareja ha formado un dúo que lastima duramente a nuestro país. El binomio se ha convertido en la principal amenaza a la democracia, y también, a la seguridad del estado. Porque no sólo se trata de mordidas o de moches; el crimen y la delincuencia también viven tranquilos comprando policías. En un entorno de corrupción e impunidad, ya no es necesaria la amenaza de Plata o Plomo… con la plata basta”. Con tres Fiscalías sin titulares y una discusión sobre el futuro de la nueva Fiscalía General pendiente, el país enfrenta la crisis institucional en materia de estado de derecho más aguda de la historia reciente del país, asegura Bohórquez.
A mediados del presente año, el nombre del jurista Jorge Chessal Palau afloró en la política local como posible candidato a Fiscal Anticorrupción en San Luis Potosí. Entrevistado por El Universal San Luis Potosí, el prestigiado jurisconsulto indica no conocer a fondo la propuesta que algunas asociaciones de abogados propusieran recién a sus equivalentes Martín Vaca Huerta y Moisés Padrón Camacho para la terna a ese cargo, y a Armando Muñoz Salazar como prospecto a Fiscal Electoral.
Yo lo que puedo expresar, - señala Chessal Palau luego de que el Congreso del Estado haya rechazado las propuestas del gobernador Juan Manuel Carreras López utilizando la anulación de votos - esa propuesta tiene que tener el consenso suficiente para legitimar a quienes vayan a llegar al cargo; el hecho del rechazo y la manifiesta oposición que hubo de un sector importante del Congreso del Estado sobre la terna propuesta por el ejecutivo, hace pensar que se evite pasar algo así.
Dijo que las personas que se propongan, tienen que ser indefectiblemente con peso suficiente y autoridad moral para que no sean objeto de descalificación, ese es un aspecto que debe cuidar el poder Ejecutivo. ¿Usted se apunta o se descarta?, se le cuestiona. “Yo no figuré en la primera terna y no veo que haya de momento la intención de que figure en la segunda, no puedo contestar a esa pregunta”.
El mecanismo anticorrupción en marcha en San Luis Potosí, aún con la falta de Fiscalías, habría que reponer algunas cosas, enfatiza. El tema del Comité de Participación Ciudadana es una tarea pendiente, “en mis colaboraciones en algunos medios de comunicación he sido bastante extenso sobre cuáles son las deficiencias en la integración de ese Comité, y ahí sigue, es algo que tendría que replantearse”, asegura.
CUANDO LA SOBERBIA ELIGE (extractos autorizados por el autor, Jorge Chessal Palau en columna 25 de septiembre 2017)
Tras la conveniente máscara de buena fe, hay decisiones que son franca y abiertamente ilegales; errar es humano, pero reincidir en el error es soberbia necedad. El Congreso del Estado designó a los miembros de la Comisión de Selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que prevé la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual, una vez agotados los pasos previstos para tomar una decisión, designó a los cinco integrantes numerarios de dicho Comité, así como a los cinco supernumerarios.
Es una pena que en tan importante labor, la Comisión seleccionadora, haya tomado la decisión de violar la ley: el artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción de San Luis Potosí, señala que debe respetar el principio de paridad de género. Al estar el presencia de un principio, la Comisión debió saber (y al parecer nadie se los dijo) que las normas y los principios no son lo mismo.
En los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, designados por la Comisión, sólo hay una mujer. Sé que me dirán que entre los Supernumerarios hay tres mujeres y sólo dos hombres. En realidad, y salvo que las matemáticas mientan, eso nos da un conteo de cuatro mujeres y seis hombres en la totalidad de los designados, lo que ya, simplemente, no es paridad.
Por otro lado, la paridad debe darse de la mejor manera posible en la integración del órgano titular, y como espejo, en el suplente, que esos es lo que son los supernumerarios, suplentes. Es decir, que por lo menos tanto en numerarios como en supernumerarios, debe haber tres personas de un género y dos del otro, conformando la lista de supernumerarios, invirtiendo la proporción en el listado supernumerario. Lo contrario viola la paridad de género.
