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En el caso que la Fiscalía General de Veracruz tiene contra Karime Macías, esposa de Javier Duarte, hubo fabricación de pruebas y hasta tortura por lo que su defensa afirmó que buscará evitar su extradición a México.
Este martes, Karime Macías compareció ante un tribunal británico para exhibir el pago de la fianza de 150 mil libras que le fue requerida para permitirle llevar su proceso en libertad por lo que, explicó su abogado Marco Antonio del Toro, el proceso de extradición continúa en trámite.
“Se estima no resistirá la defensa consistente en que la orden de aprehensión fue librada de manera absolutamente ilegal, en el marco de una brutal persecución de la que la hicieron víctima.
“De hecho, se llegó al extremo de obtener la declaración más relevante en contra de la señora Macías con tortura. No cabe ni duda alguna que estamos ante un asunto lleno de atropellos a los derechos más fundamentales en el marco de una persecución que dio incluso lugar a forzar la entrega de su esposo a cambio de no afectar a su familia”, afirmó el abogado mediante un comunicado.
Karime Macías se presentó voluntariamente el pasado 29 de octubre de 2019 en la Corte inglesa para dar cumplimiento a la citación que se le hizo el 25 de ese mismo mes.
La citación únicamente tuvo como objetivo el de hacerla sabedora de la existencia de la solicitud de detención provisional con fines de extradición.
Además del pago de la fianza, la justicia inglesa le puso como condición para enfrentar su proceso en libertad, presentarse periódicamente ante la Corte y que no salga del Reino Unido.
“Se respeta el trabajo de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, instituciones que están haciendo lo que por ley corresponde y que son ajenas a las conductas indebidas de autoridades veracruzanas que entonces se valieron de sus cargos para generar un ánimo de linchamiento, a pesar de que en realidad fabricaron delitos en aras de concretar burdas finalidades políticas”, enfatizó el abogado.
La Fiscalía de Veracruz acusó a Macías por un supuesto desvío de recursos del DIF estatal cuando ella presidía la institución en su carácter de primera dama durante la administración de Javier Duarte.
