En el marco de la entrega de la Cuenta Pública 2017 del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, al Poder Legislativo, el secretario de finanzas José Luis Ugalde Montes fue cuestionado al respecto de los famosos “3.5 millones” que cada diputado reclamaba como una partida “particular”, a lo que señaló que en muchos casos si se ejerció por parte de los beneficiarios, sin que su buena o mala ejecución sea responsabilidad ni de los legisladores ni mucho menos de la administración estatal.
El funcionario comentó “en el volumen II, en el Tomo III de la cuenta pública, se detalla la aplicación de este recurso proveniente del artículo segundo transitorio de la ley de presupuesto del estado para 2017, en donde se exponen cada uno de los proyectos, que ayuntamiento o que unidad fue la ejecutora y quien fue el diputado que promovió, así como cuanto fue lo que se gastó y cuanto se quedó sin ejercer”.
Dijo además que de manera global el monto autorizado fue de 70 millones 500 mil pesos, pero solo se liberaron 56 millones 961 mil 457 pesos, ya el detalle de cuanto se ejerció a razón de cada uno de los diputados promoventes está dentro del documento “pero si aclaro que nosotros unicamente entregamos los recursos de acuerdo a lo que marca la ley, pero la ejecución en responsabilidad del área ejecutora”.
Ugalde Montes mencionó que se tendrá que revisar por parte de los órganos fiscalizadores y el propio Congreso del Estado la ejecución de los proyectos aprobados “para ver si estuvo bien hecho o mal hecho, eso no pasa por la cancha de la Secretaría de Finanzas, ni tampoco es responsabilidad de los diputados, sino del ente ejecutor”.
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