Además de las propuestas de ley para reconocer en San Luis Potosí la figura de matrimonio igualitario y la reducción de salarios a legisladores y funcionarios de alto nivel, en la sesión de este jueves del Poder Legislativo se prevé la presentación de diversas iniciativas, entre las más destacadas las que a continuación se detallan:
Sueldo a policías con base en los riesgos que enfrentan
El diputado verdeecologista Edgardo Hernández Contreras, propondrá modificar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, cuyo objetivo, de acuerdo a la exposición de motivos, es mejorar las condiciones laborales de los elementos de seguridad estatal y municipal.
El proyecto de decreto busca modificar el artículo 51 de la referia ley para obligar a las instituciones de seguridad a garantizar para su personal "al menos las prestaciones previstas para los trabajadores al servico del Estado y municipios" y considerar un aumento anual en el tabulador de sus percepciones de manera proporcional al grado de importancia, exposición al peligro y la carga laboral, en relación al demás personal.
Este proyecto de mejora de las condiciones laborales se replica en otra propuesta para la Fiscalía General del Estado con el objetivo de considerar en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos un incremento en el tabulador de las precepciónes a los agentes fiscales, policías de investigación y peritos, de manera proporcinal al grado de importancia y exposición al peligro y carga laboral, en relación al demás personal.
50% de descuento en servicios de agua a tutores, madres o padres solteros
Angélica Mendoza Camacho, diputada por Morena busca modificar el artículo 171 Bis de la Ley de Agua para el Estado de San Luis Potosí, el objetivo es que los ayuntamientos y organismos operadores de agua promueban estímulos fiscales en beneficio a grupos vulnerables, personas con discapacidad, personas adultas mayores, madres, padres y tutores solteros, de hasta el 50 por ciento de los derechos causados.
Caducidad de iniciativas
María del Consuelo Carmona Salas, legisladora del partido Morena, propone reducir el tiempo para el análisis de iniciativas en comisiónes de un año a seis meses, en la propuesta se detalla que "las iniciativas deberán dictaminarse por las comisiones aprobándolas en sus términos, con modificaciones de las comisiones o, en su caso, desechándolas por improcedentes, en un término máximo de tresmeses. Si la complejidad de la misma lo requiere, la comisión citada en primer término podrá solicitar solo una prórroga de tres meses a la Directiva y en ningún caso el término de dictaminación deberá exceder más de seis meses".
Actualmente el plazo máximo para el dictamen de una iniciativa es de seis meses con posibilidad de solicitar hasta dos prórrogas por un lapso de tres meses. En total un año.
Creación de Comisiones legislativas especiales
Mauricio Ramírez Konishi, diputado priísta, propone por separado, la creación de dos comisiónes especiales, la primera Comisión Especial de Análisis Legislativo, Régimen Parlamentario y Reforma Institucional a la que le correspondería el análisis y dictamen de iniciativas relacionadas con la operatividad del Poder Legislativo.
Otra Comisión Especial que es propuesta para su creación es la de Desarrollo Metropolitano y vivienda, a la que le correspondería el análisis y dictamen de propuestas relacionadas con el desarrollo metropolitano.
Derechos Humanos y libertad de expresión
Óscar Carlos Vera Fábregat, unirepresentante del partido que también lidera en el Estado, Conciencia Popular presentará diversas propuestas el próximo jueves, una de ellas que sugiere moficiar el Código Familiar para "establecer como motivo de la perdida de la patria potestad, el haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de la libertad, siempre y cuando represente una afectación al interés superior del menor".
Además propone en iniciativas por separado, reformas constitucionales, la primera para el objeto de esta iniciativa es "elevar a rango constitucional prohibir a todas las autoridades del Estado de San Luis Potosí, clasificar como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a los derechos humanos, o cuando se trate de la comisión de delitos de lesa humanidad".
La segunda reforma busca adicionar un párrafo al artículo 8 de la Constitución Política del Estado que exprese que "en el Estado de San Luis Potosí se reconoce el goce pleno del derecho a la libertad de expresión y opinión, motivo por el cual todas las autoridades garantizarán la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo; así como las condiciones para que quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de dicha actividad profesional puedan vivir y trabajar en el Estado".
