Con el propósito de contar con los comentarios, análisis y propuestas de modificación y/o adición por parte de la comunidad que integra la Educación Superior potosina, la Secretaria de Educación Pública y la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado llevaron a cabo en San Luis Potosí la Consulta Estatal del Anteproyecto de la Ley General de Educación Superior, así lo informó el secretario de Educación, Joel Ramírez Díaz.
El titular de la SEGE reconoció la atención de Herminio Baltazar Cisneros, coordinador general de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y a Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior por realizar esta consulta en el estado y dijo que este anteproyecto constituye un documento fundamental para la educación superior.
En su intervención, Herminio Baltazar Cisneros mencionó que existe una excelente coordinación entre las autoridades educativas y directores de instituciones públicas y privadas de la entidad potosina, y expresó que: “es muy atinado que se hayan reunido previamente porque creo que el documento reúne el conocimiento y la buena voluntad de todos en educación superior en San Luis Potosí”.
Durante el desarrollo de esta consulta estatal, Manuel Fermín Villar Rubio, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y representante en este evento de la ANUIES, indicó que le parecen positivos los cambios en la ley y que ahora se hará de manera gradual la desaparición de cuotas estudiantiles.
El rector de la Universidad Potosina, José Arturo Segoviano García, en su participación dijo que: “me parece importante que se tome en cuenta más la opinión de las universidades privadas, está ley debe salvaguardar el interés principal que son los jóvenes universitarios, que se haga de acuerdo a la absorción, que puedan tener la participación, en San Luis Potosí”.
Al hacer uso de la palabra, Aurora Orduña Correa, rectora de la Universidad Intercultural de SLP, destacó que hay que pensar en la cobertura, crecimiento matricular y mejora continua, que se agregue la solvencia moral y académica para la contratación de personal académico y que las evaluaciones se hagan en función del contexto.